Tras alcanzar un acuerdo transversal para perfeccionar la propuesta, la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por unanimidad el proyecto de ley impulsado por el diputado por la Región de Coquimbo, Bernardo Salinas Maya (PC), que apunta a combatir la extorsión territorial perpetrada por organizaciones criminales.

La iniciativa legislativa surge para dar respuesta a las denuncias de agrupaciones barriales y comerciales afectadas por intimidaciones, amenazas y exigencias de pagos ilegales para permitir el desarrollo de actividades económicas en barrios comerciales, ferias libres y pequeños emprendimientos.

Vacío legal y severidad en las sanciones

El autor del proyecto, diputado Bernardo Salinas, enfatizó que la legislación actual carecía de tipificación específica para este fenómeno delictivo, el cual calificó como una amenaza directa contra la libertad, la propiedad y el derecho al trabajo:

“Era un vacío legal que no existía, porque sí existía la extorsión a las personas, pero no existía la extorsión territorial. Aquellos que se toman territorios completos… sabemos que en el centro de Santiago, en los barrios comerciales donde hay acopio de productos hortofrutícolas, en ferias libres, etc., existen estas bandas que piden una cantidad no menor”, señaló el parlamentario, añadiendo que se han registrado casos donde los locatarios enfrentan exigencias de hasta 20 millones de pesos para poder laborar.

Comisión de Seguridad aprueba por unanimidad proyecto del diputado Bernardo Salinas que busca frenar la extorsión territorial del crimen organizado.docx

El proyecto incorpora modificaciones al Código Penal para sancionar específicamente el cobro de protección, estableciendo penas agravadas que van de 10 años y un día hasta presidio mayor en su grado medio a máximo, además de contemplar castigos para quienes recauden o administren dichos fondos ilícitos y reforzar la protección a las víctimas.

Próximos pasos legislativos

Tras el respaldo unánime en la comisión técnica —que integró indicaciones de consenso entre los distintos sectores políticos—, la iniciativa quedó lista para ser discutida y votada en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, para posteriormente continuar su tramitación en el Senado. El legislador recalcó la urgencia de despachar la normativa para frenar una práctica delictiva que se ha masificado en los grandes centros urbanos del país.