El cianuro de sodio es fundamental para parte de la minería del oro, pero esa utilidad industrial viene acompañada de una característica que obliga a extremar las medidas de seguridad: es un compuesto altamente tóxico y una liberación accidental puede transformarse rápidamente en una emergencia para trabajadores, población y medioambiente.

Ese riesgo está ahora en el centro de una controversia en Antofagasta. La diputada por la región, Marcela Hernando (PR), solicitó desde la Cámara de Diputadas y Diputados oficiar a las Seremis de Salud, Medio Ambiente y Transportes para esclarecer cómo se está realizando el traslado de cianuro y otras sustancias peligrosas que ingresan a través del puerto de Antofagasta.

La inquietud surge a partir de denuncias recibidas por la parlamentaria respecto de camiones que transportarían cianuro de sodio en maxisacos con destino a Minera El Peñón, transitando por calles y avenidas de la zona urbana antes de abandonar la comuna.

“El cianuro es transportado hacia la minera El Peñón atravesando la ciudad de Antofagasta, por lo que si hubiese un accidente podría provocar una emergencia altamente peligrosa”, sostuvo Hernando.

¿Por qué un accidente con cianuro puede ser peligroso?

El cianuro de sodio es utilizado principalmente en la minería aurífera para separar y recuperar oro y plata desde el mineral mediante procesos de lixiviación. Su peligrosidad, sin embargo, está asociada a su elevada toxicidad.

Una exposición importante puede interferir con la capacidad de las células para utilizar oxígeno, provocando una intoxicación grave que puede evolucionar rápidamente. El riesgo depende de factores como la cantidad liberada, la vía de exposición, concentración y duración del contacto.

Un punto especialmente relevante ante una emergencia es que el cianuro de sodio puede generar gas cianuro de hidrógeno al entrar en contacto con ácidos o determinadas condiciones químicas, lo que añade un riesgo de inhalación. Por eso un accidente con este producto no puede tratarse como un simple derrame de carga.

Esto tampoco significa que el solo paso de un camión implique una exposición tóxica para las personas. El escenario crítico aparece ante la pérdida de contención del producto, por ejemplo, debido a un choque, volcamiento, rotura de embalajes, incendio o manipulación incorrecta posterior a un accidente.

Precisamente allí radica una de las principales interrogantes planteadas por la denuncia: qué nivel de exposición tendría la población si una contingencia de esas características ocurriera en una avenida transitada o próxima a viviendas.

Las preguntas que ahora deberán responder las autoridades

Los oficios solicitados por Hernando buscan establecer primero la trazabilidad de la carga: desde qué instalaciones portuarias sale, cuál es el recorrido que realizan los vehículos, por qué sectores urbanos circulan y cuánto cianuro es transportado en cada procedimiento.

Un segundo aspecto corresponde a los sistemas de contención. La parlamentaria solicitó conocer las características de los embalajes y los protocolos existentes ante colisiones, volcamientos o eventuales filtraciones.

También se busca determinar qué autorizaciones sanitarias, ambientales y de transporte poseen estas operaciones y cómo se fiscaliza el cumplimiento de las normas aplicables a cargas peligrosas.

La discusión adquiere especial relevancia por la configuración urbana de Antofagasta: una ciudad longitudinal, estrecha y comprimida entre el mar y la cordillera de la Costa, donde las principales conexiones norte-sur atraviesan o se encuentran muy próximas a sectores residenciales.

Por ello, más allá de determinar si los transportistas están cumpliendo actualmente la normativa —algo que deberán esclarecer los organismos fiscalizadores—, el caso abre una discusión más amplia: qué sustancias peligrosas atraviesan Antofagasta, en qué cantidades, por cuáles rutas y cuál es la capacidad efectiva de respuesta ante un accidente químico dentro de la ciudad.

El transporte de insumos peligrosos es indispensable para una región minera. El punto que ahora deberá despejar la fiscalización es si esa actividad se realiza con un nivel de prevención proporcional a las consecuencias potenciales de una emergencia y, particularmente, si el tránsito por zonas pobladas constituye la alternativa de menor riesgo disponible.