Penas que suman 642 años y 26 días de cárcel solicitó la Fiscalía Regional de Antofagasta para 22 acusados de integrar una presunta organización criminal transnacional dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual y al lavado de activos, entre otros delitos.

La acusación forma parte de la investigación conocida como «Casa de Muñecas», que permitió desarticular en agosto de 2025 una estructura que, según el Ministerio Público, habría operado en Antofagasta entre 2020 y 2025.

Además de las penas privativas de libertad, la Fiscalía solicitó multas por un total de 7.730 UTM y el comiso de bienes vinculados a las actividades investigadas.

Una veintena de víctimas rescatadas

El operativo de agosto de 2025 fue dirigido por el Ministerio Público y ejecutado por brigadas especializadas de la Policía de Investigaciones (PDI), mediante intervenciones en distintos domicilios y establecimientos comerciales de Antofagasta.

Durante el procedimiento se incautaron dinero en efectivo, vehículos de alta gama, joyas y documentación contable y bancaria. Además, se logró el rescate de una veintena de personas que, según la investigación, eran explotadas por la organización.

De acuerdo con la Fiscalía, las víctimas habrían sido captadas tanto en sus países de origen como en Antofagasta, aprovechándose de situaciones de vulnerabilidad, condiciones migratorias irregulares y la ausencia de redes de apoyo.

Cuatro clanes y más de 2.800 transferencias

La acusación sostiene que la presunta estructura criminal estaba integrada por cuatro agrupaciones organizadas como clanes familiares, que habrían operado prostíbulos clandestinos y un café donde se ejercía el comercio sexual.

Los acusados enfrentan cargos por asociación criminal para cometer trata de personas, trata con fines de explotación sexual, promoción o facilitación de la entrada o salida del país para la prostitución, asociación para cometer lavado de activos, lavado de activos y tráfico ilícito de drogas en pequeñas cantidades.

Según la participación atribuida a cada acusado, las penas solicitadas van desde 17 hasta 47 años de presidio.

Uno de los aspectos centrales de la investigación es el presunto mecanismo utilizado para incorporar las ganancias ilícitas a la economía formal.

La Fiscalía identificó el uso de comercios de fachada, cuentas bancarias de terceros y titulares aparentes de bienes, además de inversiones en vehículos, fondos mutuos e inmuebles que no guardarían relación con los ingresos declarados.

En uno de los análisis financieros se detectaron más de 2.800 transferencias de bajo monto, un patrón que, según la investigación, buscaba evitar los controles del sistema financiero.

Asimismo, uno de los clanes habría desarrollado préstamos usurarios bajo la modalidad conocida como «gota a gota».

Fiscalía apunta al patrimonio de la organización

El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, destacó que uno de los ejes de la acusación es afectar los recursos económicos de las estructuras criminales.

“A una organización criminal no se la vence solo con detenciones, se la vence cuando pierde su dinero. El patrimonio es su oxígeno, y nuestro trabajo es cortarlo”, manifestó.

El persecutor explicó que seguir el rastro del dinero también permite reconstruir los mecanismos de explotación que habrían generado las ganancias investigadas.

Castro Bekios destacó el trabajo desarrollado por fiscales del Sistema de Análisis Criminal (SAC) y las brigadas especializadas Brianco y Brilac de la PDI, junto con la labor de protección y acompañamiento de las víctimas.

Gestionan extradición de otra imputada desde Colombia

En paralelo a la acusación contra los 22 presuntos integrantes de la organización, la Fiscalía tramita la extradición desde Colombia de otra imputada, quien sería una de las líderes de los clanes investigados.

La mujer se encontraba fuera de Chile cuando se realizó el operativo de agosto de 2025. Posteriormente, fue formalizada en ausencia en abril de 2026, mientras que en mayo la Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió la solicitud de extradición activa.

De acuerdo con el Ministerio Público, la imputada permanece en prisión preventiva en Colombia, mientras avanza el procedimiento para su eventual traslado a Chile.

Juicio oral: Fiscalía presentará 79 testigos y 7 peritos

La audiencia de preparación de juicio oral está programada para el 30 de noviembre, instancia en que el Juzgado de Garantía revisará los antecedentes probatorios que las partes pretenden presentar durante el juicio.

La Fiscalía anunció que su prueba contempla 79 testigos, 7 peritos y 571 documentos, además de otros elementos reunidos durante la investigación.

En esta etapa, las penas solicitadas corresponden a la pretensión del Ministerio Público y no a condenas judiciales. La responsabilidad penal de los acusados deberá ser determinada por el tribunal competente durante el juicio.