El diputado Sebastián Videla anunció que pondrá a disposición de la Fiscalía Regional una serie de antecedentes relacionados con una presunta demarcación ilegal de terrenos en el sector El Huáscar, situación que ocurre en medio del debate sobre el crecimiento de los campamentos y la denominada «favelización» de algunos sectores de la ciudad.

Los antecedentes, según informó el parlamentario, fueron entregados por vecinos del sector e incluyen registros audiovisuales, documentación y declaraciones que podrían dar cuenta de un eventual delito asociado a la delimitación irregular de terrenos para nuevas ocupaciones.

¿Qué denunció el diputado Sebastián Videla?

El parlamentario explicó que, ante la naturaleza de los antecedentes recibidos, corresponde que sea el Ministerio Público el organismo encargado de investigar y determinar si existen responsabilidades penales.

«Estamos actuando con responsabilidad, canalizando esta información ante la institución competente para que se investigue y se esclarezcan los hechos», afirmó Videla.

Asimismo, recordó que el Código Procesal Penal, en sus artículos 175 al 177, establece que los funcionarios públicos tienen la obligación de denunciar los delitos de los que tomen conocimiento en el ejercicio de sus funciones dentro de un plazo de 24 horas, motivo por el cual decidió remitir formalmente la información a la Fiscalía.

La denuncia busca esclarecer si en El Huáscar existirían personas organizando o delimitando terrenos para favorecer nuevas ocupaciones ilegales, una situación que preocupa a vecinos y autoridades debido a la expansión de asentamientos informales en distintos puntos de la capital regional.

Antofagasta concentra una de las mayores cifras de campamentos del país

La denuncia en El Huáscar ocurre en una región que enfrenta uno de los escenarios más complejos de Chile en materia de asentamientos informales.

Según el Catastro Nacional de Campamentos 2024-2025 de TECHO-Chile, la Región de Antofagasta registra 154 campamentos, ubicándose entre las zonas con mayor concentración del país. El informe también establece que el 59,9% de las familias que viven en estos asentamientos corresponde a población migrante, uno de los porcentajes más altos a nivel nacional.

Además, la comuna de Antofagasta concentra por sí sola el 17,7% de todas las familias migrantes que habitan campamentos en Chile, reflejando la magnitud del fenómeno en la capital regional.

Sectores como La Chimba, Cerro Centinela y otras áreas periféricas han experimentado un crecimiento sostenido de ocupaciones irregulares durante la última década, impulsado por factores como el déficit habitacional, el alto costo de los arriendos, el valor del suelo urbano y el incremento de los flujos migratorios hacia el norte del país.

En muchos de estos asentamientos persisten problemas de acceso a agua potable, alcantarillado y electricidad. De hecho, el catastro de TECHO indica que más del 60% de los campamentos del país obtiene electricidad mediante conexiones informales y que una parte importante depende de camiones aljibe para el suministro de agua, situación que se replica en varios sectores de Antofagasta.

El debate sobre la denominada «favelización»

El crecimiento sostenido de campamentos ha reabierto el debate sobre la denominada «favelización», concepto utilizado por algunos actores políticos para advertir sobre el riesgo de consolidación de barrios informales con escasa planificación urbana, acceso limitado a servicios básicos y mayores dificultades para la intervención del Estado.

Sin embargo, especialistas en desarrollo urbano plantean que el fenómeno responde a una combinación de factores estructurales, entre ellos el déficit habitacional, el aumento del costo de la vivienda, la migración y la insuficiente oferta de soluciones habitacionales, por lo que sostienen que las medidas de control territorial deben ir acompañadas de políticas públicas de largo plazo.

Mientras la Fiscalía deberá determinar si existen delitos asociados a la presunta demarcación ilegal denunciada en El Huáscar, la Región de Antofagasta continúa enfrentando uno de sus mayores desafíos sociales y urbanos: controlar el crecimiento de las ocupaciones irregulares sin perder de vista la necesidad de avanzar en soluciones habitacionales permanentes para miles de familias que aún no logran acceder a una vivienda formal.