Que trabajar en una región minera también signifique querer vivir en ella. Ese es uno de los desafíos que pusieron sobre la mesa los gobernadores de Antofagasta, Atacama y Tarapacá durante la Conferencia OCDE de Regiones y Ciudades Mineras: convertir la actividad económica en mejores caminos, educación, salud y oportunidades para las comunidades.

Ricardo Díaz, Miguel Vargas y José Miguel Carvajal participaron en el panel sobre proyectos vinculados a los minerales y desarrollo regional. Según el comunicado del encuentro, coincidieron en fortalecer el trabajo conjunto y elaborar hojas de ruta que permitan enfrentar las brechas del norte con mayores atribuciones y capacidad de decisión territorial.

La discusión tiene un trasfondo concreto: cómo conseguir que los beneficios de la minería alcancen a las ciudades que sostienen sus operaciones y que quienes llegan a trabajar también encuentren condiciones para establecerse con sus familias.

Atacama: caminos y educación para que los trabajadores se queden

El gobernador de Atacama, Miguel Vargas, sostuvo que la industria debe contribuir, junto con las políticas públicas, a resolver las necesidades de las comunidades. Vinculó ese objetivo con contar con ciudades atractivas para vivir, donde los trabajadores permanezcan y gasten sus ingresos, dinamizando la economía local.

La autoridad destacó la educación técnica como una herramienta para conectar a los jóvenes con las oportunidades productivas de sus territorios. También informó que Atacama está en proceso de formar una agencia de infraestructura para impulsar proyectos estratégicos.

“No podemos crecer con una infraestructura vial deficitaria”, advirtió Vargas, de acuerdo con el documento entregado.

Antofagasta y Tarapacá buscan mayor articulación con las empresas

En Antofagasta Ricardo Díaz planteó que las regiones necesitan reconocer sus brechas y construir acuerdos de largo plazo. En ese marco, destacó la Estrategia Regional Minera de Antofagasta y propuso avanzar en conectividad y en una red de proveedores que permita aprovechar más oportunidades económicas desde el norte.

José Miguel Carvajal, gobernador de Tarapacá, sostuvo que la relación con las empresas debe incluir colaboración estratégica, además de recursos. A su juicio, todavía existen compañías que no dimensionan las posibilidades de coordinarse con los gobiernos regionales para integrar actores locales y acelerar soluciones para las comunidades.

El enfoque coincide con el propósito anunciado para la conferencia: vincular los proyectos mineros con el bienestar de los territorios. Según explicó el representante de la OCDE, José Enrique Garcilazo, el organismo contempla una guía de doce prácticas sobre desarrollo económico, social y medioambiental para regiones mineras.

Presupuesto 2027: la disputa por los recursos y su ejecución

El llamado a una descentralización efectiva ocurre mientras los gobiernos regionales negocian con el Ejecutivo el Presupuesto 2027. El Senado informó el 21 de octubre que la propuesta discutida contemplaba una disminución de $250 mil millones para las 16 regiones, equivalente a cerca del 4,8% del presupuesto regional total.

En esa discusión, la Dirección de Presupuestos fundamentó el ajuste en la responsabilidad fiscal y en problemas históricos de subejecución. Los gobernadores, en cambio, han solicitado certezas financieras y mayor flexibilidad para concretar inversiones: La diferencia tiene consecuencias para los habitantes: disponer de una asignación presupuestaria no asegura que un proyecto se materialice si su ejecución enfrenta trabas administrativas o depende de otros servicios públicos.

La advertencia en medios: un acuerdo “sin letra chica”

En declaraciones recogidas por Radio Paulina este 29 de octubre, Díaz ya había cuestionado las condiciones pendientes de la negociación: “Nos parece que el acuerdo tiene mucha letra chica”. El gobernador pidió claridad sobre las reglas para utilizar los recursos y sobre los ingresos propios regionales.

En esa misma cobertura, Vargas sostuvo que, según sus antecedentes, el 85% del gasto de Atacama depende de la ejecución de servicios públicos. Por ello, reclamó compromisos del Gobierno central para que los proyectos se concreten. Carvajal, a su vez, vinculó la negociación con la posibilidad de invertir oportunamente en salud, seguridad y vivienda.

Así, la discusión planteada en Antofagasta cruza dos exigencias ante el organismo internacional: que la minería genere más oportunidades dentro de sus territorios y que los gobiernos regionales cuenten con herramientas para transformar esos recursos en obras y servicios que mejoren la vida cotidiana.