El Concejo Municipal de Ovalle conoció el pasado 8 de mayo los resultados de una auditoría de la Contraloría General de la República sobre la gestión del exalcalde Jonathan Acuña, correspondiente al período enero-diciembre de 2024. El informe revela irregularidades en compras, pagos a honorarios sin respaldo y deficiencias en la entrega de combustible, observaciones que la actual administración deberá aclarar para evitar un perjuicio al patrimonio municipal.

Varias de las compras detectadas presentan escasa justificación o carecen del respaldo suficiente. Entre ellas, destacan gastos por celebraciones de aniversarios y actividades de agrupaciones comunitarias que sumaron $7.282.800. Uno de los casos más llamativos fue la compra de 246 tortas entregadas a diversas organizaciones sociales, con un monto total de $10.730.036.

Tras conocer el informe, los concejales Víctor Venegas, Víctor Lara, David Álvarez y Teodosio Guerrero presentaron un requerimiento ante el Tribunal Electoral Regional (TER) en La Serena para solicitar la inhabilitación de Jonathan Acuña por cinco años para ocupar cargos públicos, acusándolo de una grave infracción al principio de probidad administrativa.

En ese contexto, el concejal Víctor Venegas señaló que el informe evidencia un abandono de deberes y una grave falta a la probidad por parte de la administración anterior, lo que habría impedido implementar políticas públicas en beneficio de la comunidad. “Es una falta a la probidad usar recursos municipales para hacer campaña electoral durante el ejercicio de sus funciones, incluyendo el establecimiento, recursos y publicidad financiada por la municipalidad”, explicó.

Por su parte, el concejal David Lara fue más categórico y afirmó que se detectó un uso indebido de medios municipales para propaganda política, lo que representa una clara transgresión a la ley. “Nos corresponde fiscalizar y tomar las acciones necesarias ante esta falta de probidad”, añadió.

El abogado que representa al grupo de concejales explicó que el requerimiento ante el TER busca inhabilitar al ex alcalde para ejercer cargos públicos durante cinco años. “No buscamos una sanción penal, pero sí en el futuro se encuentran antecedentes que puedan sustentar un delito, podría haber una sanción de ese tipo. Por ahora, presentamos un requerimiento para inhabilitarlo políticamente”, señaló.

Ante estas acusaciones, el exalcalde Jonathan Acuña rechazó las denuncias y las calificó como una “estrategia de persecución política” sin fundamento, destinada a dañar su imagen de cara a una posible candidatura futura. Asimismo, desmintió el supuesto déficit financiero municipal de $11.000 millones, asegurando que las cifras oficiales están respaldadas y que muchas de las deudas corresponden a compromisos históricos, especialmente en educación. “No buscan transparencia, sino desacreditar la gestión que encabezé tras la salida del ex alcalde Claudio Rentería”, afirmó.

Acuña agregó que durante su gestión se debieron redestinar recursos al área educativa, lo que agravó la situación financiera. Sobre las acusaciones de uso indebido de recursos públicos con fines electorales, como el uso de redes sociales institucionales y compras durante la campaña, negó categóricamente estos hechos, asegurando que actuaron con responsabilidad y respondieron las observaciones de Contraloría recibidas poco antes de finalizar su mandato.

Respecto a la compra de bombas observada por Contraloría, aclaró que fue un proceso iniciado por la administración anterior y que él ordenó sumarios internos para esclarecer responsabilidades. Finalmente, insistió en que las denuncias buscan inhabilitarlo políticamente, cuestionando que uno de sus denunciantes haya trabajado estrechamente con él sin presentar reparos en ese entonces.