El abogado de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ), Jaime Urrea, hizo un llamado a que la ciudadanía conozca la Ley N°21.430 sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, asegurando que su correcta aplicación no depende únicamente de los tribunales o de los abogados, sino también de que las familias comprendan los principios que orientan la protección de niños, niñas y adolescentes.

Durante una entrevista concedida al Matinal Madero en Casa, el profesional explicó que la normativa, promulgada en marzo de 2022, establece el marco que debe guiar todas las políticas públicas, decisiones judiciales y actuaciones del Estado respecto de la infancia, distinguiendo entre los principios generales y los derechos específicos que poseen los menores de edad.

“La ley fija el marco en que deben desenvolverse todas las instituciones públicas y privadas cuando se trata de niños, niñas y adolescentes. Son principios que orientan el actuar del Estado completo, desde los tribunales hasta el Congreso y el Ejecutivo”, señaló.

Los principios que orientan la protección de la infancia

Urrea explicó que la Ley 21.430 parte de la base de que todos los niños deben recibir una protección integral, cualquiera sea su condición, apoyándose en la Constitución, que reconoce la dignidad e igualdad de todas las personas.

En ese contexto, destacó que la familia continúa siendo el núcleo fundamental de la sociedad y que el Estado tiene la obligación de favorecer el desarrollo espiritual, material y social de niños y adolescentes.

Entre los principales principios contemplados por la legislación mencionó:

* La igualdad y la prohibición de toda forma de discriminación.
* El fortalecimiento del rol de la familia.
* El derecho preferente de los padres a cuidar y educar a sus hijos.
* La autonomía progresiva de niños y adolescentes, reconociendo su desarrollo gradual y creciente capacidad para ejercer derechos.
* La prioridad que deben tener los menores de edad en la actuación de los organismos públicos.
* La participación social de niños y adolescentes en ámbitos familiares, escolares, culturales y comunitarios.
* La progresividad de los derechos, evitando retrocesos en las garantías ya alcanzadas.

El abogado explicó que estos principios sirven de base para todas las actuaciones de los tribunales de familia cuando existe una amenaza o vulneración de derechos, orientando las medidas de protección que adopta el Estado.

Protección para todos los niños, incluidos los migrantes

Uno de los aspectos abordados durante la entrevista fue la aplicación de estos principios a niños extranjeros que residen en Chile.

Urrea sostuvo que la legislación no establece diferencias entre niños chilenos y migrantes respecto del acceso a derechos fundamentales.

“En territorio chileno todos los niños tienen los mismos derechos. El principio de no discriminación obliga al Estado a garantizar igualdad en materias como salud, educación y protección, independiente de su nacionalidad o situación migratoria”, afirmó.

Añadió que precisamente los menores que enfrentan procesos migratorios suelen encontrarse entre los grupos más vulnerables, por lo que requieren una especial protección institucional.

El abogado sostuvo que uno de los mayores desafíos sigue siendo difundir el contenido de esta legislación para evitar vulneraciones de derechos.

Explicó que la Corporación de Asistencia Judicial participa permanentemente en plazas ciudadanas, operativos y actividades comunitarias con el objetivo de acercar esta información a la población.

“Muchas veces el problema es que las personas desconocen estos principios. No basta con que los abogados los manejen; es importante que toda la ciudadanía los conozca”, indicó.

Video viral genera cuestionamientos por eventual vulneración de derechos

Durante la conversación también fue consultado por un video ampliamente difundido durante el fin de semana, en el que un grupo de adultos realiza bromas haciendo referencia a niños y a menores con autismo no verbal.

Si bien precisó que corresponde a las autoridades determinar eventuales responsabilidades jurídicas, calificó el contenido como “extremadamente nefasto” desde la perspectiva de la protección de la infancia.

“Se trata de burlas dirigidas hacia quienes están entre las personas más vulnerables. La protección de la ley alcanza a todos los niños, especialmente a quienes presentan mayores condiciones de vulnerabilidad, como ocurre con niños con trastorno del espectro autista o que no pueden expresarse verbalmente”, señaló.

Finalmente, Urrea reiteró que el propósito central de la Ley de Garantías es consolidar un cambio de enfoque, reconociendo a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, cuyo interés superior debe orientar todas las decisiones que adopten las instituciones públicas y privadas.