A ocho años de la entrada en vigor de la Ley 21.030, que permite la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en tres causales, un nuevo informe de la Corporación Miles concluyó que persisten importantes barreras para el acceso efectivo a este derecho, especialmente en regiones alejadas de los principales centros urbanos, como ocurre en parte del norte de Chile.

El “Octavo Informe sobre Derechos Sexuales y Reproductivos en Chile”, presentado en julio de 2026, analizó la implementación de la normativa y los procesos de fiscalización realizados durante 2024. El estudio identificó problemas asociados a la objeción de conciencia, falta de información pública, burocracia institucional y desigualdades territoriales que continúan afectando a niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes.

Atacama aparece como ejemplo de las brechas territoriales

Uno de los hallazgos del informe incorpora el testimonio de una trabajadora social de la Región de Atacama, quien advirtió que los retrasos administrativos pueden impedir el acceso oportuno a la prestación, especialmente en casos de embarazo por violación, donde los plazos legales son limitados.

La investigación sostiene que el acceso a la Ley IVE sigue dependiendo en gran medida del lugar de residencia. En zonas alejadas de los grandes centros asistenciales, la escasez de equipos especializados y la presencia de profesionales objetores de conciencia obligan a realizar derivaciones que pueden retrasar la atención.

Esta situación cobra especial relevancia en el norte del país, donde extensas distancias geográficas separan a muchas comunidades de los hospitales de mayor complejidad. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), más de un millón de personas viven en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo, territorios caracterizados por amplias zonas rurales y localidades apartadas.

Fiscalización detectó vacíos de información

El informe también revisó la aplicación del Manual de Fiscalización de la Ley IVE durante 2024. Tras analizar antecedentes de 73 establecimientos de salud, concluyó que solo el 31,1% de los parámetros evaluados registró cumplimiento comprobable, mientras que el 64,8% carecía de información suficiente para determinar si la normativa se estaba aplicando correctamente.

Entre las regiones con mejores niveles de registro y seguimiento aparecen Antofagasta y Coquimbo, junto con Los Ríos y Aysén, las cuales presentaron porcentajes de información incompleta inferiores al promedio nacional.

Sin embargo, los investigadores advirtieron que las diferencias entre territorios siguen siendo significativas y reflejan capacidades institucionales desiguales para supervisar el cumplimiento de la ley.

Objeción de conciencia y falta de información siguen siendo obstáculos

El documento identifica a la objeción de conciencia como una de las principales barreras estructurales para acceder a la prestación. La evidencia recopilada muestra que este mecanismo puede traducirse en retrasos, derivaciones adicionales y dificultades para encontrar equipos disponibles, especialmente en zonas con menor dotación de profesionales.

A ello se suma un déficit de información pública sobre las causales, procedimientos y plazos de la ley. Según el informe, muchas personas desconocen sus derechos o las rutas de acceso disponibles, situación que afecta con mayor intensidad a habitantes de territorios aislados, personas migrantes y adolescentes.

Actualmente, la Ley 21.030 permite la interrupción voluntaria del embarazo cuando existe riesgo vital para la persona gestante, inviabilidad fetal de carácter letal o embarazo producto de una violación. La normativa fue promulgada en 2017 y constituye uno de los principales avances en materia de derechos sexuales y reproductivos en Chile.

Desafíos pendientes para las regiones

Entre las recomendaciones del informe se encuentran fortalecer las redes regionales de atención, crear equipos especializados para zonas apartadas y mejorar la difusión de información sobre la Ley IVE. También se propone publicar datos desagregados por región para identificar brechas y evaluar el funcionamiento del sistema.

Los autores concluyen que, pese a los avances normativos, el acceso efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo continúa condicionado por factores territoriales y administrativos, una realidad que sigue impactando especialmente a quienes viven fuera de las principales áreas urbanas del país.