A 53 años del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, la observadora de Derechos Humanos Priscila Abelis Cortés manifestó su preocupación por el futuro de las políticas destinadas a esclarecer el destino de las personas detenidas desaparecidas en Chile, víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, y llamó a mantener la búsqueda más allá de los cambios políticos.

En conversación con Atacama Escucha con Pancho Madero, la activista sostuvo que uno de los principales problemas para abordar esta materia es el desconocimiento que todavía existe sobre el significado y alcance de los derechos humanos.

“Cada uno de nosotros, por el simple hecho de ser persona, tiene derechos humanos. No pertenecen a un sector político ni protegen solamente a las víctimas de la dictadura; son derechos de todas las personas”, afirmó.

La entrevistada explicó que estos principios alcanzan ámbitos como la protección de niños, niñas y adolescentes, los derechos de las personas con discapacidad, las condiciones penitenciarias, el medioambiente, la igualdad de género y la protección de comunidades especialmente vulnerables.

Una herida que permanece abierta en Atacama

La conmemoración del 11 de septiembre adquiere una dimensión especialmente sensible en la Región de Atacama. En el Memorial de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos, ubicado en el acceso al Cementerio Municipal de Copiapó, están inscritos los nombres de 39 víctimas de la dictadura.

Detrás de cada nombre existe una familia que debió enfrentar la ausencia, la incertidumbre y, en numerosos casos, más de cinco décadas sin conocer completamente lo ocurrido.

Abelis señaló que exigir a esas familias que olviden constituye una nueva forma de daño.

“¿Cómo se le puede pedir a una madre que deje de buscar a su hijo porque han pasado más de 50 años? Son sus hijos, sus parejas, sus compañeros y compañeras. El Estado tiene el deber de entregarles una respuesta”, enfatizó.

La desaparición forzada constituye una grave violación de los derechos humanos y supone la intervención de agentes estatales o de personas que actúan con su autorización o apoyo, seguida del ocultamiento de información sobre la suerte o paradero de la víctima. Debido a ello, la obligación de investigar y buscar recae en el Estado.

“El Estado es el garante de nuestros derechos. Si agentes del Estado participaron en la desaparición de ciudadanos, es el propio Estado el que debe investigar, reparar a las familias y asegurar garantías de no repetición”, sostuvo la observadora.

Preocupación por el Plan Nacional de Búsqueda

Durante la entrevista, Abelis cuestionó los cambios registrados en el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia y sostuvo que su continuidad no debiera quedar sometida a las decisiones de cada administración.

El plan fue establecido mediante el Decreto Supremo N.º 98 de 2023 y tiene como objetivo esclarecer las circunstancias de desaparición o muerte y el destino final de las víctimas de desaparición forzada ocurrida entre 1973 y 1990. Su diseño considera 1.469 víctimas y establece que la búsqueda constituye una obligación permanente del Estado, no una responsabilidad exclusiva de sus familiares.

Durante 2026, el Gobierno ha asegurado que el programa continuará, aunque la salida de funcionarias que ocupaban cargos relevantes y las modificaciones introducidas a su estructura generaron críticas de organizaciones de derechos humanos y familiares de las víctimas. Por ello, no resulta preciso afirmar que el plan fue formalmente suspendido, pero sí existe una controversia pública respecto de su alcance, conducción y fortalecimiento.

Para Abelis, cualquier debilitamiento significa retroceder en verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

“Estos programas deben ser transversales y no pueden depender de la orientación política del gobierno de turno. Las familias tienen el derecho de saber qué ocurrió y dónde están sus seres queridos”, afirmó.

Derechos que van más allá de la memoria histórica

La observadora también defendió el trabajo realizado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos en Atacama y destacó su intervención en materias que trascienden las violaciones cometidas durante la dictadura.

Entre ellas mencionó el acompañamiento frente a desapariciones de mujeres, la fiscalización de centros donde permanecen niños, niñas y adolescentes sujetos a medidas judiciales, la situación de las personas privadas de libertad, los conflictos ambientales y la protección de grupos vulnerables.

En materia jurídica, Chile no ratificó una denominada “Convención Internacional de Derechos Humanos” en 1972, como se señaló inicialmente durante la conversación. La Declaración Universal fue adoptada por Naciones Unidas en 1948, mientras que Chile ratificó posteriormente distintos tratados, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los pactos internacionales de Naciones Unidas.

El artículo 5.º de la Constitución establece el deber de los órganos estatales de respetar y promover los derechos garantizados por la Carta Fundamental y por los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes. Sin embargo, la afirmación de que todos estos instrumentos tienen automáticamente rango supraconstitucional continúa siendo una interpretación discutida jurídicamente.

Al finalizar, Priscila Abelis Cortés entregó un mensaje a las agrupaciones y familias que todavía buscan verdad y justicia.

“No bajen los brazos. Los discursos de odio no pueden detener la búsqueda. Cada 11 de septiembre sigue doliendo que existan chilenos y chilenas desaparecidos y que sus familias todavía no tengan una respuesta”, concluyó.