El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella criminal en contra de exdirectivos de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas (MOP) en la Región de Coquimbo, además de un empresario contratista, tras detectarse el pago de millonarios montos por suministros defectuosos, incompletos o que derechamente nunca fueron entregados al servicio.

De acuerdo con los antecedentes recopilados por el organismo persecutor, la investigación apunta a un presunto fraude al Fisco que asciende a $774 millones.

Antecedentes de las irregularidades investigadas

La indagatoria se centra en un total de 33 licitaciones adjudicadas a una misma empresa por parte de Vialidad Coquimbo durante los años 2021 y 2022. Según se consigna en el libelo, los materiales pagados con recursos fiscales no llegaron a su destino ni contaban con registros de pesaje o documentación que acreditara su despacho, obligando posteriormente al servicio a relicitar las labores.

Para concretar las operaciones, el mecanismo investigado habría utilizado informes presuntamente falsos, argumentando por ejemplo que el Laboratorio Regional de Vialidad no disponía de capacidad técnica; sin embargo, el entonces jefe de dicha unidad, Patricio Varas Castillo, declaró ante la justicia que jamás recibió solicitudes de análisis para tales faenas.

Imputados y presunta concertación

La acción judicial del CDE apunta a una actuación concertada entre funcionarios públicos de la época y el representante de la empresa proveedora, Gustavo Contreras Gutiérrez, a quien se le atribuye participación como presunto coautor del fraude al Fisco por haber emitido facturas y certificados que posibilitaron la autorización de los pagos.

Entre las exautoridades vinculadas al caso figura el exdirector regional de Vialidad, Óscar Vilches, quien consultado por los medios declinó emitir declaraciones sobre los cargos contenidos en la querella.

La causa continúa su curso en manos de la Fiscalía Local de La Serena, la que deberá esclarecer las responsabilidades penales individuales, el destino de los fondos públicos defraudados y las eventuales supresiones de registros informáticos detectadas durante el proceso.