Mantener una concesión minera podría resultar menos costoso para cientos de productores de Atacama. Una modificación al sistema de patentes busca aliviar las obligaciones económicas de quienes desarrollan minería artesanal, pequeña y mediana, mediante la eliminación de los cobros progresivos y la ampliación de beneficios para determinados titulares y operadores.

La iniciativa, impulsada por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, fue despachada por el Congreso y contempla un cambio significativo: el cobro que podía aumentar progresivamente hasta alcanzar 12 UTM por hectárea será reemplazado por una tarifa fija de 0,4 UTM por hectárea.

Pero el proyecto no se limita a modificar los montos. También establece nuevas condiciones para acceder a patentes rebajadas, amplía las superficies beneficiadas y entrega más tiempo para cumplir con una obligación que puede resultar especialmente compleja para las faenas de menor escala.

En concreto, el pago de las patentes mineras correspondientes a 2026 se posterga hasta el 28 de febrero de 2027, mientras que los productores que cumplan determinados requisitos podrán acceder a una tarifa reducida durante un período de hasta cinco años.

La delegada presidencial regional de Atacama, Sofía Cid Versalovic, destacó el avance legislativo y señaló que las modificaciones buscan disminuir barreras para quienes trabajan en el sector.

¿Cuánto pagarán los pequeños mineros y qué cambia con el nuevo sistema?

Uno de los principales problemas que aborda la normativa es el incremento progresivo de las patentes mineras, mecanismo que podía elevar considerablemente el costo de mantener una concesión.

Con el nuevo régimen, ese sistema será sustituido por una patente general fija de 0,4 UTM por hectárea, mientras que determinadas categorías de productores podrán solicitar una tarifa rebajada de 0,1 UTM por hectárea.

La diferencia es relevante: quienes accedan al beneficio pagarán un monto equivalente al 25% de la tarifa general, siempre que cumplan las condiciones establecidas.

Por ejemplo, una concesión de 100 hectáreas sujeta a la tarifa general tendría un cobro de 40 UTM, mientras que con la tarifa rebajada corresponderían 10 UTM.

Estos montos son referenciales y están expresados en UTM, por lo que su equivalencia en pesos dependerá del valor de esta unidad al momento que corresponda efectuar el pago.

La delegada presidencial sostuvo que la modificación permitirá entregar mayor certeza a los productores.

“Estamos hablando de reducir costos, simplificar procedimientos y entregar mayor certeza a quienes trabajan y generan actividad productiva en nuestro territorio”, afirmó Sofía Cid.

La autoridad agregó que, en una región históricamente vinculada a la minería, las medidas deben considerar las condiciones reales en que operan las faenas de menor tamaño.

Más hectáreas y beneficios por cinco años: las nuevas condiciones para la minería artesanal

Otro cambio importante se relaciona con las superficies que podrán acogerse al régimen de patentes rebajadas.

Para la minería artesanal, el límite aumentará de 50 a 100 hectáreas, mientras que para los pequeños productores se ampliará de 100 a 150 hectáreas.

Además, la duración del beneficio pasará de dos a cinco años, permitiendo que quienes cumplan los requisitos puedan proyectar sus costos durante un período más prolongado.

La normativa también crea un régimen especial para titulares de hasta 500 hectáreas que desarrollen trabajos mineros y se encuentren empadronados en la Empresa Nacional de Minería, ENAMI, o en otro poder de compra reconocido.

En estos casos, podrán mantener una patente rebajada durante cinco años, conforme a las condiciones establecidas.

Una modificación adicional incorpora a los arrendatarios y a quienes exploten legítimamente una mina entre las personas que podrán solicitar el beneficio.

Esto amplía las posibilidades de acceso para operadores que desarrollan actividad minera sin ser necesariamente los propietarios de la concesión.

Asimismo, se mantendrán las condiciones favorables para proyectos que cuenten con una Resolución de Calificación Ambiental vigente o que estén sometidos a evaluación ambiental.

Sofía Cid destacó que el impacto de estas modificaciones debe analizarse considerando a las familias y trabajadores que dependen de las faenas de menor escala.

“Sabemos que detrás de cada faena de menor escala hay familias, trabajadores y actividad económica local”, expresó.

Patentes de 2026 podrán pagarse hasta febrero de 2027: ¿qué pasará con las concesiones en riesgo de remate?

El proyecto también incorpora una medida que apunta directamente a los plazos de cumplimiento de las obligaciones mineras.

Se trata de la postergación hasta el 28 de febrero de 2027 del pago de las patentes correspondientes a 2026.

La disposición busca entregar un margen adicional a los productores para regularizar su situación, evitando que el vencimiento del plazo anterior genere consecuencias inmediatas sobre sus concesiones.

Una vez que la ley entre en vigencia, esta postergación permitirá también aplazar los procedimientos de remate asociados al no pago de las patentes comprendidas en la medida.

Sin embargo, la postergación no significa que la obligación de pago desaparezca, sino que se amplía el período disponible para cumplirla.

La normativa introduce además cambios en los procedimientos de remate por incumplimiento.

Entre las modificaciones se consideran mecanismos para corregir errores en las nóminas de concesiones, regular los costos de estos procesos y agilizar la declaración de terreno franco.

También se busca aclarar los efectos legales relacionados con la cancelación de inscripciones y la extinción de obligaciones.

Estos ajustes apuntan a disminuir dificultades administrativas que pueden surgir durante los procedimientos vinculados con concesiones mineras.

El proyecto ingresó al Congreso en mayo de 2026 y, según los antecedentes difundidos por el Gobierno, obtuvo un amplio respaldo durante su tramitación.

Con su despacho legislativo, resta completar las etapas necesarias para que las nuevas disposiciones entren en vigencia.

Para Atacama, el cambio abre un nuevo escenario para la minería artesanal, pequeña y mediana: menores cobros bajo el nuevo régimen, más productores con posibilidades de acceder a beneficios y un plazo adicional para pagar las patentes de 2026.

El efecto concreto dependerá de la situación de cada concesión y del cumplimiento de los requisitos legales, pero la modificación apunta a reducir una parte de los costos que enfrentan quienes buscan mantener y desarrollar sus faenas en la región.