Las escuelas particulares subvencionadas reciben fondos del Estado y atienden a más de la mitad de los estudiantes del país, pero no tienen el peso institucional de los colegios públicos. Carlos Correa, sostenedor de la Escuela Flora Normilla de Copiapó, explicó en Atacama Escucha con Pancho Madero que ese vacío se nota en las políticas educativas, en el sistema de admisión y hasta en la seguridad de sus alumnos. Al Ministerio le falta “una mirada más aguda y más de colaboración” con este mundo, dijo.

Para entender ese limbo, conviene partir por lo básico, cómo funciona un colegio de este tipo.

Un colegio con plata pública, administrado por privados

Según el estudio de Temas de la Agenda de la UC, en 2023 el 54% de la matrícula estaba en colegios particulares subvencionados, frente al 35,5% de la educación municipal y de los SLEP, y el 9,3% de los particulares pagados.

Correa describió su escuela como un establecimiento que funciona solo con la subvención estatal, adscrito a la gratuidad, por lo que no cobra mensualidad. La diferencia con un colegio público, indicó, es que el sostenedor es una corporación privada sin fines de lucro. “No existe la posibilidad de que este sostenedor se quede con un peso”, afirmó. Según explicó, la Superintendencia de Educación audita cada mes los pagos de cotizaciones, sueldos y proveedores, y la escuela debe presentar un balance anual.

Esa realidad nació de una reforma que cambió las reglas. La Ley de Inclusión Escolar, promulgada en 2015, puso fin al lucro en establecimientos con fondos públicos, creó una transición para eliminar el copago y estableció un nuevo sistema de admisión.

“Casi el 70%” de los estudiantes, sin la misma voz

Para Correa, el problema es de representación. Señaló que casi el 70% de los estudiantes del país pertenece a colegios particulares subvencionados o pagados, lo que genera una discusión permanente sobre cómo plantear sus problemas a la autoridad ministerial. Aclaró que su cifra incluye ambos tipos de colegios, y que la educación en Chile, dijo, “no es solamente educación pública”.

El sector se organiza en la federación FIDE, que existe en Atacama y a nivel nacional. Según Correa, las autoridades han tomado contacto y conocimiento de que este mundo existe, y han puesto sobre la mesa temas como el uso de celulares, los pórticos de seguridad, el resguardo de las comunidades y la calidad.

El debate coincide con la entrada en vigencia, en mayo de 2026, de la Ley 21.819, que fortalece a los Servicios Locales de Educación Pública y fija plazos para su traspaso. Esa norma se concentra en el sistema estatal.

Esa falta de interlocución tiene efectos concretos, y uno de los más visibles es la admisión escolar.

Admisión escolar, un algoritmo que no mira el esfuerzo

Correa fue crítico del Sistema de Admisión Escolar. Reconoció que abrió el camino para que más familias postulen a los mejores colegios, pero advirtió que solo considera un algoritmo y no valora la excelencia académica ni el esfuerzo del estudiante y su familia. Propuso complementar el sistema para que el proceso incluya el historial académico.

Su ejemplo más claro es el de los hermanos asignados a colegios distintos, uno en el centro y otro en Estación Paipote. En una comuna con avenidas congestionadas, dijo, eso obliga a las familias a salir muy temprano y genera costos económicos.

Según la norma de 2015, si hay más postulantes que vacantes, se aplica un sistema aleatorio. El reclamo, entonces, no es contra la no discriminación, sino contra lo que el algoritmo deja fuera.

Aun con esos reparos, la escuela de Correa creció, y también tiene problemas que no dependen del Ministerio de Educación.

Un colegio que crece y una calle sin resguardo

La Escuela Flora Normilla lleva más de diez años en Copiapó. Correa contó que comenzó con poco más de 200 estudiantes y hoy tiene alrededor de 400, repartidos en dos jornadas, mañana y tarde. Lo atribuyó al orden financiero, a un equipo comprometido y a que no hay paralizaciones, lo que permite completar el plan de estudios. Hoy están en proceso de matrícula para 2027.

Pero advirtió una dificultad de seguridad. La jornada de la tarde termina a las 18:20, y en invierno los niños salen casi de noche. Según dijo, no hay Carabineros ni Policía Municipal que resguarden la salida, ni un reductor de velocidad para cruzar frente al colegio, pese a que lo han solicitado. Pidió que el Ministerio de Transporte y la Municipalidad vean “lo que necesitamos en el día a día”.