La Región de Antofagasta se prepara para incorporar terrenos fiscales al mercado inmobiliario e industrial, en el marco de una estrategia del Ministerio de Bienes Nacionales que busca impulsar la inversión privada, acelerar la construcción de viviendas y facilitar proyectos de seguridad pública.

Así lo informó el seremi de la cartera, Patricio Martínez, durante una entrevista con Patricia Palma en el matinal Madero en Casa, donde abordó los principales desafíos de la administración del suelo fiscal.

La autoridad explicó que el ministerio administra más del 90% del territorio regional, una condición que convierte a la repartición en un organismo estratégico para el desarrollo económico y social. Sin embargo, reconoció que la escasez de recursos y la intervención de distintos servicios públicos en los procesos administrativos han dificultado históricamente la tramitación de expedientes.

Terrenos fiscales a la venta en Calama, Mejillones y Antofagasta

Uno de los anuncios más relevantes fue la próxima implementación regional del programa «Se Busca Dueño», iniciativa que contempla la venta de inmuebles fiscales para promover nuevos proyectos productivos y habitacionales.

Martínez precisó que existen propiedades identificadas en Calama, destinadas principalmente al desarrollo inmobiliario, y en Mejillones, con potencial industrial. También confirmó la existencia de un terreno en el sector Huáscar de Antofagasta que podría incorporarse al proceso.

«Nosotros como región aún no lanzamos los procesos de venta. En otras regiones ya se ha iniciado el proceso, se han recibido las primeras ofertas y se han abierto sobres», explicó.

La autoridad aclaró que todavía se encuentra en elaboración el catálogo regional y que cada propiedad debe cumplir exigencias legales antes de ser incorporada formalmente a una licitación.

El objetivo es ampliar la disponibilidad de suelo para viviendas destinadas a sectores medios, considerando que la oferta habitacional regional enfrenta importantes restricciones.

Más de 20 expedientes para viviendas y nuevos cuarteles policiales

En materia habitacional, Martínez reveló que Bienes Nacionales tramita más de 20 expedientes de transferencia gratuita de terrenos al Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), todos correspondientes a la Región de Antofagasta.

La meta es resolver estas solicitudes antes de finalizar 2026 para facilitar la ejecución de proyectos habitacionales y dinamizar el empleo en la construcción.

«Antes de las casas van a haber empleos y somos nosotros los mandatados a que esos terrenos estén disponibles para que se generen empleos», sostuvo.

En seguridad pública, el seremi detalló que se han gestionado terrenos para Carabineros en distintos puntos estratégicos de la región. Entre ellos mencionó el antiguo Hogar de Cristo de Antofagasta, destinado a un cuartel multipropósito; un terreno en La Chimba para una futura escuela de formación; otro en Socaire para reponer un retén y un espacio en San Pedro de Atacama para una nueva comisaría.

Asimismo, informó que se trabaja con la Policía de Investigaciones para definir un terreno cercano al cruce de Altamira, destinado a fortalecer los controles policiales en una zona donde las características geográficas permitirían dificultar la evasión de fiscalizaciones.

Otra iniciativa contempla la entrega de viviendas fiscales a funcionarios de Gendarmería, especialmente para mejorar las condiciones habitacionales de quienes actualmente residen en recintos penitenciarios.

La controversia por el valor de terrenos ocupados durante décadas

Durante la entrevista también se abordó la situación de agricultores de Calama y pequeños industriales de Tocopilla que buscan adquirir terrenos fiscales utilizados durante años para desarrollar sus actividades económicas.

Martínez reconoció que existe un problema asociado al aumento del valor comercial de las propiedades, especialmente cuando los propios ocupantes han invertido recursos en habilitar terrenos originalmente eriazos.

«Ellos trabajaron, se instalaron y generaron la plusvalía. Han sido arrendatarios o concesionarios y hoy día, cuando quieren comprar, se les cobra esa plusvalía», explicó.

El seremi sostuvo que la legislación obliga al Estado a considerar tasaciones comerciales, aunque reconoció la necesidad de encontrar mecanismos que permitan establecer condiciones más justas.

Según indicó, la ministra de Bienes Nacionales, Carolina Parot, ha solicitado estudiar alternativas que permitan abordar estas situaciones sin vulnerar la normativa vigente.

Basurales en terrenos fiscales

Otro de los temas que marcó la conversación fue la proliferación de microbasurales en terrenos cercanos al antiguo vertedero de Antofagasta y en sectores próximos a avenida de la Minería.

Consultado directamente sobre la responsabilidad del Estado en la limpieza de estos espacios, Martínez explicó que primero debe determinarse qué organismo administra cada terreno.

«Si está administrado por nosotros, nosotros somos los responsables», afirmó.

No obstante, reconoció que la Secretaría Regional Ministerial carece de recursos suficientes para ejecutar directamente las labores de limpieza, por lo que debe gestionar colaboración con otras instituciones.

Respecto de los asentamientos próximos al exvertedero, informó que se trabaja en un convenio con la Municipalidad de Antofagasta para avanzar en la urbanización del sector, comenzando por la habilitación de calles y servicios.

El proceso también requerirá definir el futuro de las ocupaciones existentes, considerando alternativas de regularización, reubicación o desalojo, según las condiciones legales y territoriales de cada caso.

Energía, centros de datos y regularización de propiedades

En el ámbito económico, el seremi confirmó que Bienes Nacionales trabaja con empresas del sector energético y otros organismos públicos para identificar terrenos destinados a proyectos de generación eléctrica y eventuales centros de datos.

La autoridad planteó que estas instalaciones deben desarrollarse considerando sus elevados requerimientos energéticos y la necesidad de contar con infraestructura suficiente para su funcionamiento.

Finalmente, destacó el trabajo de la Unidad de Saneamiento de la repartición, que durante los últimos cinco meses ha regularizado más de 15 títulos de dominio correspondientes a familias que, en algunos casos, llevaban entre 20 y 30 años esperando una solución.

«Es muy emocionante cuando se entregan esos títulos y cuando le entregamos certeza jurídica de donde han vivido toda su vida», concluyó Martínez.