Tenían nombres, familias, sueños y proyectos de vida. Eran estudiantes, profesores, trabajadores, mineros, dirigentes sindicales, funcionarios públicos y profesionales. Personas que formaban parte de la vida cotidiana del norte de Chile, cuyas historias fueron interrumpidas violentamente durante los primeros meses de la dictadura militar.

Entre el 16 y el 19 de octubre de 1973, la denominada Caravana de la Muerte, una comitiva militar encabezada por el general Sergio Arellano Stark y enviada por Augusto Pinochet, recorrió distintas ciudades del norte del país, dejando un saldo de 71 personas ejecutadas en las regiones de Coquimbo, Atacama y Antofagasta.

Hoy, a 53 años de aquellos hechos, sus nombres permanecen presentes en memoriales, sitios de memoria y registros históricos, pero también en la lucha de sus familiares, quienes durante décadas han exigido conocer la verdad, recuperar los restos de sus seres queridos y obtener justicia.

¿Qué fue la Caravana de la Muerte?

La Caravana de la Muerte fue una comitiva de oficiales del Ejército que recorrió distintas ciudades de Chile durante octubre de 1973, pocas semanas después del golpe de Estado del 11 de septiembre.

Encabezada por Sergio Arellano Stark, quien actuaba como delegado de Augusto Pinochet, la comitiva se trasladó en helicópteros militares y participó en la ejecución de prisioneros políticos que permanecían detenidos en cárceles y recintos militares.

De acuerdo con los antecedentes documentados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), el recorrido tuvo como finalidad ejecutar y hacer desaparecer a disidentes políticos, extendiendo el terror entre la población.

En el norte del país, su paso dejó 15 víctimas en La Serena, 16 en Copiapó, 14 en Antofagasta y 26 en Calama.

En distintos casos, las autoridades militares intentaron justificar las muertes mediante versiones de supuestos intentos de fuga. Sin embargo, las investigaciones posteriores permitieron establecer que se trató de ejecuciones de personas que se encontraban bajo custodia del Estado.

La Serena: 15 prisioneros políticos ejecutados en octubre de 1973

El 16 de octubre de 1973, la Caravana de la Muerte llegó a La Serena, en la Región de Coquimbo.

Ese día, 15 prisioneros políticos fueron retirados de la cárcel local y ejecutados. Sus cuerpos fueron sepultados en una fosa común del cementerio de la ciudad durante la madrugada del 17 de octubre.

Entre las víctimas se encontraba Jorge Peña Hen, músico, profesor y referente de la educación musical chilena, cuya trayectoria continúa siendo recordada en la región.

También fueron asesinados campesinos, trabajadores, dirigentes sindicales y profesionales, entre ellos personas que participaban en organizaciones políticas y sociales.

Durante décadas, familiares y agrupaciones han impulsado iniciativas para recuperar sus historias y exigir justicia.

En septiembre de 2026, familiares de cuatro víctimas pudieron finalmente despedir y sepultar sus restos, después de un prolongado proceso de identificación.

La ceremonia constituyó un momento significativo para quienes habían esperado más de cinco décadas por la posibilidad de darles una sepultura digna.

Copiapó: 16 víctimas y tres personas que continúan desaparecidas

El recorrido continuó por la Región de Atacama, donde la comitiva llegó a Copiapó el 16 de octubre de 1973.

En coordinación con militares del Regimiento Atacama, fueron seleccionados prisioneros políticos que permanecían detenidos en ese recinto y en la cárcel de la ciudad.

Durante la noche, 13 personas fueron trasladadas hasta el sector de Cuesta Cardone y ejecutadas. Al día siguiente, otros tres detenidos fueron asesinados en el mismo lugar.

Entre las víctimas se encontraban Manuel Cortázar Hernández, estudiante secundario de 20 años; Edwin Mancilla Hess, estudiante de pedagogía de 21 años; y Alfonso Gamboa Farías, profesor y director de Radio Atacama.

También fueron ejecutados trabajadores, funcionarios públicos y profesionales vinculados a la actividad minera.

La prensa de la época difundió inicialmente versiones que atribuían algunas de las muertes a supuestos intentos de fuga.

Tras años de búsqueda, en marzo de 1990 los familiares consiguieron la apertura de fosas comunes en el Cementerio General de Copiapó, lo que permitió recuperar e identificar los restos de 13 víctimas.

Sin embargo, tres personas continúan desaparecidas, por lo que la búsqueda de respuestas permanece abierta.

En Atacama, organizaciones de familiares han desarrollado durante décadas actividades de memoria, homenajes y acciones educativas, además de impulsar espacios como la Casa de la Memoria Atacama.

Antofagasta: 14 ejecutados en la Quebrada El Way

El 18 de octubre de 1973, la comitiva militar llegó a Antofagasta.

Durante una reunión del alto mando se dispuso que 14 prisioneros políticos fueran retirados desde la Cárcel Pública de la ciudad y trasladados hasta la Quebrada El Way, ubicada en el sector sur.

Durante la madrugada del 19 de octubre, los detenidos fueron fusilados.

Entre las víctimas se encontraba Darío Armando Godoy Mansilla, estudiante secundario de apenas 18 años.

También fueron asesinados trabajadores y dirigentes sociales, entre ellos Marco Felipe de la Vega Rivera, alcalde de Tocopilla, y Mario del Carmen Arqueros Silva, gobernador de Tocopilla.

A partir de 1975, los familiares de las víctimas comenzaron a organizarse para compartir información y exigir justicia.

Ese mismo año se realizó una de las primeras ceremonias religiosas en memoria de los ejecutados, impulsada por Isabel de la Vega, hermana de Marco de la Vega.

Con el paso de las décadas, la Quebrada El Way se transformó en un lugar de encuentro y conmemoración.

En 2025, el sitio fue declarado Monumento Histórico, reconociendo su importancia como espacio de memoria vinculado a las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura.

Calama: 26 ejecutados y una búsqueda que continúa

Tras su paso por Antofagasta, la comitiva se dirigió a Calama, donde el 19 de octubre de 1973 fueron retirados 26 prisioneros políticos desde la cárcel local.

Los detenidos fueron vendados, amarrados y trasladados hasta el sector de Topater, en el camino hacia Antofagasta, donde fueron ejecutados.

Entre las víctimas se encontraba Carlos Berger Guralnik, periodista y director de Radio El Loa, quien tenía 30 años.

También fueron asesinados trabajadores de Chuquicamata y Enaex, profesores y dirigentes sindicales.

Las autoridades militares difundieron posteriormente una versión que atribuía las muertes a un supuesto intento de fuga durante el traslado de los detenidos.

Sus restos no fueron entregados entonces a las familias y, según los antecedentes del INDH, dos víctimas de Calama continúan desaparecidas.

El trabajo de los familiares ha permitido preservar sus historias y levantar espacios de memoria, como el Parque para la Preservación de la Memoria Histórica de Calama.

La búsqueda de justicia y el trabajo de las familias

Durante décadas, las familias de las víctimas de la Caravana de la Muerte han impulsado investigaciones, querellas, exhumaciones y actividades destinadas a esclarecer los crímenes.

Los procesos judiciales han permitido establecer responsabilidades penales de distintos exintegrantes del Ejército por ejecuciones y desapariciones forzadas ocurridas en el norte del país.

En Antofagasta, Atacama y Coquimbo, las agrupaciones de familiares también han desempeñado un papel fundamental en la preservación de documentos, testimonios y lugares vinculados a estos hechos.

Su trabajo ha permitido que nuevas generaciones conozcan las historias de las víctimas y comprendan las consecuencias de las violaciones a los derechos humanos.

Sin embargo, la existencia de personas que todavía permanecen desaparecidas demuestra que la búsqueda de verdad y justicia continúa.

A 53 años, el compromiso del Nunca Más

Recordar la Caravana de la Muerte no significa únicamente revisar un episodio del pasado.

También implica reconocer que las víctimas fueron personas con historias, familias y proyectos de vida, cuya dignidad fue vulnerada mediante crímenes cometidos por agentes del Estado.

La memoria histórica permite comprender lo ocurrido, reconocer el sufrimiento de las familias y reafirmar que ninguna diferencia política o ideológica puede justificar la tortura, la desaparición forzada o la ejecución de personas.

A 53 años de estos hechos, el compromiso de no repetición sigue siendo una responsabilidad colectiva, que requiere educación, respeto por los derechos humanos y preservación de la verdad histórica.

En el norte de Chile, los nombres de las 71 víctimas permanecen presentes gracias a quienes nunca dejaron de buscarlas, recordarlas y exigir justicia.

Porque detrás de cada cifra existe una vida. Y porque la memoria, la verdad y la justicia siguen siendo fundamentales para construir un futuro donde estos crímenes nunca más vuelvan a repetirse.