Chile está avanzando hacia un nuevo marco para enfrentar uno de los desafíos históricos de su principal industria: construir una política nacional específicamente orientada a la seguridad y salud de quienes trabajan en minería.

El proceso fue uno de los temas abordados por Marco García Barraza, presidente de la Federación Minera de Chile, durante un nuevo capítulo de “Tienen que Saberlo”, espacio presentado por la organización sindical y auspiciado por el Estudio Jurídico Cifuentes y Asociados.

El dirigente explicó que organizaciones de trabajadores, representantes de los empleadores y organismos del Estado han participado durante los últimos años en la construcción de una política destinada a implementar los principios establecidos en el Convenio 176 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Chile depositó formalmente la ratificación de este convenio el 14 de junio de 2024 y actualmente aparece registrado por la OIT como vigente para el país. El instrumento obliga a los Estados que lo ratifican a formular, aplicar y revisar periódicamente una política coherente de seguridad y salud en las minas.

Una discusión que tomó fuerza después de los 33

García vinculó el proceso con una discusión que adquirió especial relevancia después del accidente de la mina San José, en Atacama, y el posterior rescate de los 33 trabajadores en 2010.

La tragedia que estuvo a punto de producirse abrió una discusión nacional respecto de la capacidad del país para prevenir accidentes mineros y fiscalizar adecuadamente las condiciones de las faenas.

“Desde el accidente de los 33 mineros de la mina San José se ha buscado implementar una política, un trabajo serio y con representantes tripartitos que nos pueda ayudar a mejorar la seguridad en todo ámbito en la minería”, explicó García.

El cambio que ahora se intenta consolidar es significativo: pasar de medidas, regulaciones y protocolos dispersos hacia una política nacional articulada específicamente para el sector.

Gobierno, empresas y trabajadores en una misma mesa

Uno de los elementos diferenciadores del proceso es su carácter tripartito.

García señaló que representantes gubernamentales, organizaciones empresariales y federaciones y confederaciones de trabajadores han participado en su elaboración.

La OIT confirmó este proceso en una nota técnica publicada el 7 de julio de 2026, donde documenta la elaboración de la Política y el Programa Nacional de Seguridad y Salud en la Minería de Chile a través de la Comisión Sectorial Minera del Consejo Superior Laboral.

El organismo internacional destaca la participación directa de empleadores y trabajadores, la colaboración institucional y la existencia de mecanismos permanentes de diálogo como elementos centrales para alcanzar acuerdos.

Esto convierte al proceso en algo más amplio que una reforma exclusivamente normativa: supone definir cómo Estado, compañías y organizaciones laborales se distribuyen responsabilidades para prevenir accidentes y enfermedades profesionales.

El Convenio 176 cambia el estándar

Durante el programa, la abogada Gabriela Carrasco destacó que el Convenio 176 representa un hito para la legislación y las relaciones laborales en minería.

Una de sus disposiciones particularmente relevantes se refiere a las faenas donde operan simultáneamente distintas empresas.

El artículo 12 establece que cuando dos o más empleadores desarrollan actividades en una misma mina, el empleador responsable debe coordinar las medidas relativas a seguridad y salud y mantiene una responsabilidad principal respecto de la seguridad de las operaciones.

La disposición adquiere especial importancia en la minería moderna, donde una misma operación puede involucrar a empresas principales, contratistas y compañías especializadas ejecutando distintas tareas.

De esta manera, la seguridad deja de entenderse exclusivamente como una obligación fragmentada entre cada empresa y pasa a incorporar explícitamente una responsabilidad de coordinación dentro de la operación.

También coloca responsabilidades sobre los trabajadores

El Convenio 176 no establece solamente obligaciones para las compañías.

También dispone que los trabajadores deben respetar las medidas de seguridad, cuidar razonablemente su propia integridad y la de otras personas, utilizar correctamente los elementos de protección e informar inmediatamente aquellas situaciones que consideren que representan un riesgo que no puedan resolver por sí mismos.

La lógica es construir un sistema donde prevención, información y cooperación formen parte permanente del funcionamiento de una faena.

“Los trabajadores y trabajadoras tenemos derechos y obligaciones”, sostuvo García durante el programa, destacando además la importancia de la organización laboral y de la participación de los propios trabajadores en las decisiones relacionadas con seguridad.

¿Y qué ocurre con puertos, ferrocarriles y transporte?

La conversación abrió, además, una interrogante particularmente relevante para las regiones mineras del norte.

La cadena productiva del cobre no termina en la mina.

Ferrocarriles, transporte carretero, instalaciones logísticas y terminales portuarios forman parte de una extensa cadena que permite trasladar insumos y productos mineros.

Sin embargo, el Convenio 176 está específicamente referido a las minas. La propia definición del instrumento comprende los emplazamientos donde se desarrollan actividades de exploración, extracción y preparación de minerales, junto con instalaciones y estructuras vinculadas a ellas.

García planteó que aquello no impide que otros sectores puedan avanzar mediante sus propias organizaciones hacia mecanismos similares de construcción tripartita de políticas de seguridad.

La discusión abre así una pregunta mayor para una macrozona como Antofagasta, Atacama y Coquimbo: si la minería puede construir una política sectorial mediante acuerdos entre trabajadores, empresas y Estado, ¿podría replicarse el modelo en los demás sectores que componen su cadena de valor?

Chile entra ahora en la etapa de implementación

El desafío, por tanto, ya no consiste únicamente en adherir a un convenio internacional.

Chile ratificó formalmente el Convenio 176 en 2024 y durante 2026 la propia OIT registra la recepción de la primera memoria chilena relacionada con su aplicación.

La construcción de la política y del programa nacional supone llevar esos compromisos al funcionamiento cotidiano de una industria que representa una parte estratégica de la economía chilena.

Y precisamente allí estará la prueba más exigente: que el acuerdo alcanzado entre trabajadores, empresas y Estado no permanezca únicamente como una declaración de principios, sino que se traduzca en fiscalización, prevención, coordinación y estándares verificables dentro de las operaciones.

Después de décadas en que grandes accidentes mineros han impulsado modificaciones y revisiones posteriores, el desafío que plantea el Convenio 176 es invertir esa lógica: construir una política capaz de anticiparse al próximo accidente en lugar de reformar el sistema después de que ocurra.