El Primer Tribunal Ambiental rechazó la reclamación presentada por la Sociedad Agrícola Konavle Ltda. contra la resolución que calificó favorablemente el proyecto “Recuperación de Acopios de la faena Algarrobo”, de Compañía Minera del Pacífico, CMP, ubicado en la comuna de Vallenar, Región de Atacama.

La controversia se originó a partir de una disputa por los deslindes de los terrenos donde se emplazará la iniciativa minera. La sociedad agrícola sostuvo que durante la evaluación ambiental no se habrían considerado antecedentes relacionados con este conflicto territorial.

En particular, la reclamante cuestionó que no se tuviera en consideración una sentencia de la Corte Suprema, en la cual se estableció que la disputa territorial debía resolverse mediante un juicio de demarcación y cerramiento, procedimiento destinado a determinar judicialmente los límites entre propiedades y que actualmente se encuentra en tramitación.

Sin embargo, el Primer Tribunal Ambiental, por voto de mayoría, descartó que esta controversia afectara la evaluación ambiental del proyecto.

Tribunal descarta que conflicto por terrenos invalide evaluación ambiental

Uno de los principales argumentos del fallo apunta a que la normativa ambiental no exige acreditar el dominio o un título de tenencia sobre el terreno, ni tampoco demostrar la inexistencia de litigios civiles relacionados con el predio, para evaluar aspectos como la ubicación, superficie y emplazamiento de un proyecto.

De acuerdo con la sentencia, durante la evaluación se presentaron los antecedentes necesarios para analizar estas materias, por lo que la existencia de una disputa respecto de los deslindes no resultaba suficiente para invalidar la resolución ambiental favorable.

El tribunal estableció además que esta situación no afectó la evaluación de los impactos sobre el suelo.

Según el fallo, las superficies donde se desarrollará el proyecto corresponden a sectores históricamente intervenidos por actividad minera, por lo que se descartó que la iniciativa genere impactos adversos significativos sobre este componente ambiental.

Permisos ambientales tampoco requieren acreditar propiedad

La reclamación cuestionó además el otorgamiento de tres Permisos Ambientales Sectoriales, PAS, correspondientes a autorizaciones específicas que deben obtener determinados proyectos dependiendo de las obras o actividades que contemplan.

En este caso, se discutieron los permisos 136, 137 y 160.

El PAS 136 corresponde al permiso para establecer un botadero de estériles o una acumulación de mineral, mientras que el PAS 137 se relaciona con la aprobación del plan de cierre de una faena minera.

El PAS 160, en tanto, está vinculado a la subdivisión y urbanización de terrenos rurales o a determinadas construcciones fuera de los límites urbanos.

El tribunal desestimó las alegaciones respecto de estas autorizaciones, señalando que el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental no exige acreditar el dominio o un título de tenencia para su otorgamiento, ni tampoco informar la existencia de controversias prediales.

Tribunal también abordó la procedencia de la reclamación

De manera adicional, la sentencia analizó la vía jurídica utilizada por la Sociedad Agrícola Konavle para cuestionar la resolución ambiental.

El tribunal señaló que es posible reclamar contra una resolución administrativa que acepte o rechace una solicitud de invalidación, conforme al artículo 17 N°8 de la Ley N°20.600, que creó los Tribunales Ambientales.

Sin embargo, determinó que en este caso la acción resultaba improcedente, debido a que no se encontraba dentro del régimen especial de recursos establecido por la Ley N°19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente para impugnar una Resolución de Calificación Ambiental.

El fallo consideró además que durante la evaluación del proyecto existió una amplia difusión y participación ciudadana, instancia en la cual la reclamante tuvo la posibilidad de participar y formular observaciones.

Por estos antecedentes, el tribunal resolvió rechazar la reclamación en todas sus partes.

No obstante, decidió no condenar en costas a la Sociedad Agrícola Konavle al estimar que existió motivo plausible para litigar, es decir, fundamentos razonables para recurrir ante la justicia.

Ministra Sandra Álvarez votó en contra

La decisión no fue unánime. La sentencia fue adoptada con el voto en contra de la ministra Sandra Álvarez, quien consideró que la reclamación debía ser acogida.

En su disidencia, la ministra sostuvo que la controversia respecto de los deslindes constituía un antecedente esencial para la evaluación ambiental, debido a que tanto el área de intervención como el área de influencia del proyecto se encontrarían dentro de las 9.470 hectáreas cuya delimitación y titularidad permanecen controvertidas, conforme a la sentencia de la Corte Suprema mencionada en el proceso.

Desde esta perspectiva, consideró que CMP debió informar sobre la existencia de esta controversia durante la evaluación ambiental, permitiendo que la autoridad resolviera sobre la base de antecedentes completos y actualizados.

La disidencia cuestionó además que fueran acogidas alegaciones relativas a la falta de acción de la reclamante y a la improcedencia de la invalidación formuladas por un tercero coadyuvante, planteando que esto podría restringir el acceso a la justicia ambiental de personas o entidades que no participaron directamente en la evaluación.

Proyecto considera inversión superior a US$17 millones

El proyecto “Recuperación de Acopios de la faena Algarrobo” tiene como objetivo recuperar, aprovechar y procesar minerales de hierro provenientes de acopios históricos existentes en la faena minera El Algarrobo.

Estos materiales fueron generados durante la explotación de los rajos Algarrobo y Penoso y actualmente se encuentran almacenados en instalaciones preexistentes de la faena.

El proyecto se emplaza en la provincia del Huasco, comuna de Vallenar, aproximadamente a 35 kilómetros al suroeste de la ciudad.

La iniciativa contempla una inversión estimada de US$17.202.000 y una vida útil total de 17 años.

La sentencia fue redactada por el ministro presidente Alamiro Alfaro y contó con la integración del ministro Marcelo Hernández y la ministra Sandra Álvarez, quien emitió el voto disidente.

Con la resolución, el Primer Tribunal Ambiental rechazó la reclamación en todas sus partes, manteniéndose la calificación ambiental favorable otorgada al proyecto de CMP.