El debate político y judicial en torno al inminente retorno al país de la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo Venegas, sumó un vuelco determinante. En medio de los análisis técnicos por la pronta extradición de la exautoridad desde los Países Bajos, donde permaneció recluida tras fugarse de Chile al ser condenada por el delito de fraude al fisco, su defensa desmintió una de las tesis más difundidas sobre su llegada al territorio nacional.

El abogado defensor de la exjefa comunal, Fidel Castro Allendes, sostuvo de forma categórica que la versión instalada en el debate público sobre la realización de un supuesto control de detención para su representada a su arribo a Chile no encuentra ningún tipo de respaldo en los documentos oficiales del Estado.

Ingreso directo a prisión y el desglose de los documentos oficiales

El penalista enfatizó que no se trata de una interpretación conveniente de la defensa, sino de la lectura literal de los decretos ordenados por el Juzgado de Garantía de Antofagasta y de los informes oficiales que el propio Estado de Chile despachó formalmente al Gobierno de los Países Bajos.

Para fundamentar técnicamente la inviabilidad de una audiencia de control de detención, Castro Allendes expuso dos piezas documentales clave que constan en la carpeta judicial de la causa:

• La orden de aprehensión original (24 de marzo de 2022): El tribunal no dispuso en ningún párrafo la realización de un control de detención ordinario. La resolución ordena taxativamente que sea capturada «a efecto de conducirla al Centro Penitenciario más cercano a su detención a cumplir la pena de cinco años y un día».

• El certificado de refuerzo (11 de diciembre de 2025): Un documento posterior inserto en la misma causa judicial ratifica el criterio de ingreso directo al señalar expresamente: «Que, esta orden de detención sirve como suficiente orden de ingreso al centro penal más cercano al lugar de su detención».

El cálculo de la pena: El 80% del castigo ya estaría extinguido

La revelación más sorpresiva de la defensa técnica apunta al tiempo efectivo de condena que le resta por purgar a la exalcaldesa en los recintos penales chilenos. De acuerdo con lo revelado por Castro Allendes, Karen Rojo ya registra un 80% de la pena de cinco años y un día cumplida.

Esta cifra se calcula contabilizando los periodos de privación de libertad que la exautoridad arrastra tanto en Chile (bajo cautelares previas) como los meses y años de presidio preventivo y formal que debió cumplir en cárceles de los Países Bajos mientras se tramitaba, bajo los estándares de los tratados internacionales, su proceso de extradición activa.

Las garantías diplomáticas otorgadas a los Países Bajos

La defensa también hizo alusión a los compromisos oficiales que el Estado chileno debió suscribir para destrabar la entrega de la exalcaldesa en Europa. Específicamente, apuntó a la respuesta formal que la República de Chile entregó al Ministerio de Justicia y Seguridad de los Países Bajos el 25 de enero de 2024, en el marco de la solicitud de garantías indispensables para viabilizar la extradición activa.

En dicho documento diplomático, el Estado chileno aclaró formalmente el propósito de la entrega de la imputada, el cual se remite exclusivamente a la ejecución de la sentencia firme ya dictada, descartando etapas procesales nuevas.

De este modo, una vez que el avión que traslade a Karen Rojo aterrice en suelo nacional, la exalcaldesa será puesta de forma inmediata a disposición de Gendarmería de Chile para ser ingresada de manera directa al penal correspondiente a terminar de extinguir el saldo menor de su condena por fraude fiscal