La decisión de la Dirección Regional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) respecto de la continuidad del Programa de Servicios Médicos (SSMM) en el Liceo San Francisco de Vallenar abrió un intenso debate en la Región de Atacama sobre la forma en que el Estado focaliza los recursos destinados a la infancia más vulnerable.

El establecimiento educacional presenta un 82% de estudiantes catalogados como vulnerables según antecedentes entregados por la Federación de Instituciones de Educación Particular (FIDE) de Atacama, situación que ha generado preocupación entre directivos, docentes y apoderados ante la eventual reducción de acceso a prestaciones médicas especializadas.

El conflicto surge luego de que FIDE diera a conocer un informe técnico-jurídico donde se expone que el establecimiento habría quedado excluido del ingreso de nuevos estudiantes al Programa de Servicios Médicos, iniciativa que durante décadas ha permitido el acceso gratuito a atenciones de oftalmología, otorrinolaringología y traumatología, especialidades fundamentales para detectar condiciones que afectan directamente el aprendizaje y la permanencia escolar.

Desde el gremio sostienen que la medida responde a nuevas directrices presupuestarias impulsadas por la Dirección de Presupuestos (Dipres), las cuales buscan optimizar la asignación de recursos mediante criterios más restrictivos de selección.

Un programa histórico para detectar problemas que afectan el aprendizaje

El Programa de Servicios Médicos de Junaeb constituye una de las herramientas de apoyo estudiantil más relevantes del sistema educativo chileno.

Desde 1992, el programa ha permitido identificar y tratar oportunamente problemas visuales, auditivos y traumatológicos que podrían afectar el rendimiento académico de miles de estudiantes en todo el país.

Diversos estudios desarrollados por el Ministerio de Educación y la propia Junaeb han sostenido históricamente que dificultades visuales no diagnosticadas, trastornos auditivos o problemas posturales pueden transformarse en barreras significativas para el aprendizaje, especialmente en sectores socialmente vulnerables.

La detección temprana de estas patologías permite evitar rezagos académicos, mejorar la asistencia a clases y favorecer la permanencia de los estudiantes dentro del sistema escolar.

Por esta razón, cualquier modificación en los criterios de acceso genera especial atención entre las comunidades educativas beneficiarias.

FIDE cuestiona la aplicación de los nuevos requisitos

El presidente de FIDE Atacama y director nacional de la organización, Edgardo Araya Rojas, manifestó su preocupación por los criterios utilizados para determinar qué establecimientos pueden incorporar nuevos beneficiarios al programa.

Según el gremio, la aplicación estricta de indicadores administrativos no estaría reflejando adecuadamente la realidad socioeconómica de los estudiantes que asisten al establecimiento vallenarino.

De acuerdo con los antecedentes expuestos por la federación, los nuevos lineamientos exigen que los colegios cumplan simultáneamente con diversas condiciones, entre ellas pertenecer al régimen de gratuidad y registrar un Índice de Vulnerabilidad Multidimensional (IVM) igual o superior al 37%.

Sin embargo, FIDE sostiene que, aunque el establecimiento es particular subvencionado con financiamiento compartido, una parte significativa de su matrícula corresponde a estudiantes pertenecientes a familias vulnerables y beneficiarias de la Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP).

Para la organización, esta situación evidencia una aparente contradicción entre los indicadores utilizados para asignar recursos y las necesidades concretas que enfrentan los estudiantes.

El debate se centra en si los criterios estadísticos son suficientes para reflejar la vulnerabilidad real existente dentro de determinados establecimientos educacionales.

La postura de Junaeb: los beneficiarios actuales mantienen cobertura

Tras la difusión pública del caso, la Dirección Regional de Junaeb Atacama emitió una declaración aclarando el alcance de la medida.

Según informó el organismo, el Programa de Servicios Médicos continúa ejecutándose en el Liceo San Francisco de Vallenar.

Actualmente existen 11 estudiantes del establecimiento que mantienen controles activos en las especialidades de oftalmología y otorrinolaringología.

La institución añadió que dicha cifra podría incrementarse una vez que se concreten las evaluaciones pendientes en traumatología.

Asimismo, la entidad precisó que la priorización implementada durante 2025 no implica la eliminación de beneficios para quienes ya forman parte del programa.

Los estudiantes actualmente beneficiarios conservarán sus controles y tratamientos médicos hasta egresar de cuarto año medio.

La aclaración busca responder a la inquietud generada entre las familias respecto de una eventual suspensión inmediata de las prestaciones.

Los criterios que hoy determinan el ingreso de nuevos beneficiarios

Junaeb explicó que el Programa de Servicios Médicos no posee carácter universal y que, debido a restricciones presupuestarias, resulta necesario establecer mecanismos de focalización.

La institución indicó que para el proceso 2025 se definieron requisitos específicos para el ingreso de nuevos estudiantes:

Participación previa del establecimiento en el programa.

Régimen de gratuidad educacional.

Estudiantes cursando primero o séptimo año básico.

Índice de Vulnerabilidad Multidimensional igual o superior al 37%.

De acuerdo con la información oficial entregada por Junaeb, el Liceo San Francisco presenta actualmente un IVM de 27%, cifra que lo ubicaría por debajo del umbral requerido para incorporar nuevos beneficiarios.

La institución sostiene que estos parámetros buscan garantizar que los recursos disponibles lleguen prioritariamente a quienes presentan mayores niveles de vulnerabilidad según los instrumentos técnicos vigentes.

El conflicto llega al ámbito político

La controversia rápidamente trascendió el ámbito educativo y comenzó a instalarse en la agenda política regional.

FIDE Atacama sostiene que la situación contradice compromisos gubernamentales orientados a fortalecer la red de protección social para niños, niñas y adolescentes.

Desde la organización argumentan que las políticas públicas destinadas a la infancia deben considerar no solo indicadores generales de establecimientos, sino también la situación individual de los estudiantes.

En ese contexto, el gremio anunció gestiones para abrir espacios de diálogo con autoridades regionales y nacionales, con el objetivo de revisar la decisión y explorar alternativas que permitan mantener el acceso a prestaciones médicas para nuevos alumnos que requieran atención especializada.

La discusión adquiere especial relevancia en territorios donde las brechas de acceso a salud pueden transformarse en una barrera adicional para el desarrollo educativo.

Salud y educación: una relación inseparable

Expertos en educación y desarrollo infantil han sostenido durante años que la salud constituye un factor determinante para el desempeño académico.

Problemas visuales sin corrección, dificultades auditivas o patologías traumatológicas pueden afectar directamente la comprensión lectora, la concentración, la participación en clases y la asistencia escolar.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado en diversos informes que la detección temprana de alteraciones sensoriales durante la infancia resulta fundamental para prevenir impactos negativos en los procesos educativos y sociales.

Por ello, programas de apoyo médico escolar como el implementado por Junaeb han sido considerados herramientas estratégicas para reducir desigualdades.

La discusión que hoy se desarrolla en Atacama refleja precisamente la tensión existente entre la necesidad de focalizar recursos públicos limitados y la obligación de garantizar protección efectiva a estudiantes que enfrentan condiciones de vulnerabilidad.

Se espera respuesta de la Seremi de Educación

El conflicto entra ahora en una fase decisiva.

FIDE Atacama solicitó la intervención de las autoridades educacionales regionales para revisar la situación y evaluar posibles mecanismos de solución.

Mientras tanto, las familias del Liceo San Francisco continúan atentas al desarrollo de las conversaciones entre las instituciones involucradas.

La respuesta que adopten las autoridades no solo tendrá efectos sobre la comunidad educativa de Vallenar, sino que también podría transformarse en un precedente relevante para futuras decisiones relacionadas con la aplicación de criterios de austeridad y focalización en programas sociales destinados a estudiantes vulnerables.

En un escenario donde educación y salud mantienen una estrecha relación, el desenlace de este caso será observado con atención por establecimientos educacionales, organizaciones gremiales y comunidades escolares de distintas regiones del país.