En una intervención realizada en la comisión de Trabajo de la Cámara, el diputado Juan Santana (PS) solicitó al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aclarar públicamente si la reforma tributaria impulsada por el gobierno del Presidente José Antonio Kast podría generar beneficios económicos directos para ministros, ministras y otras altas autoridades del Ejecutivo.

El requerimiento surge tras un oficio ingresado el 15 de abril —identificado como 4066— y luego de conocerse antecedentes divulgados por la Fundación Nodo XXI, que proyectó eventuales impactos de la reforma sobre el patrimonio declarado por 63 autoridades de la actual administración.

 El oficio y la respuesta del Ministerio

Según expuso el parlamentario, el oficio buscaba “aclarar y transparentar cuáles iban a ser los beneficios que recibirían ministros y ministras” a partir de medidas como la reducción de la tasa corporativa y la reintegración del sistema tributario, contempladas en el proyecto.

Santana afirmó que la respuesta del ministro se limitó a “una página, en dos párrafos”, señalando que no existiría incidencia respecto del patrimonio propio del titular de Hacienda, pero —según indicó— sin abordar el efecto potencial en el resto de los ministerios y autoridades consideradas en el análisis.

 Omisiones patrimoniales y debate por conflictos de interés

En su intervención, el diputado vinculó su solicitud con antecedentes recientes sobre declaraciones de patrimonio. Mencionó que la ministra Lincolao reconoció la omisión de participación en tres sociedades, una del rubro tecnológico vinculado a su área de regulación. Asimismo, aludió a un reportaje del medio digital El Desconcierto que informó sobre eventuales omisiones similares del ministro Mas respecto de su participación en empresas.

A juicio del legislador, estos antecedentes refuerzan la necesidad de transparentar si las normas propuestas por la reforma podrían tener efectos económicos sobre autoridades con participación societaria.

 La proyección de Nodo XXI

La Fundación Nodo XXI realizó un ejercicio de proyección cruzando declaraciones patrimoniales públicas con disposiciones de la reforma tributaria. El estudio —según lo expuesto por Santana— sugiere que ciertos cambios, como la rebaja de la tasa corporativa y la reintegración, podrían generar efectos económicos favorables para autoridades con participación en sociedades.

El parlamentario enfatizó que el punto no es la legalidad de dichas participaciones, sino la necesidad de despejar cualquier duda sobre eventuales beneficios personales derivados de decisiones de política pública.

 Transparencia en la tramitación legislativa

Santana planteó que el debate de fondo es la transparencia durante la discusión de un proyecto que calificó como “megareforma”. Indicó que la ciudadanía merece conocer si quienes diseñan, defienden y votan estas normas podrían verse directa o indirectamente favorecidos.

“Lo que le estamos pidiendo al ministro es algo muy sencillo: que le transparente al país si la reforma va a beneficiar a ministros y ministras”, sostuvo.

 Reconstrucción y prioridades del proyecto

En su exposición, el diputado también cuestionó la estructura del proyecto, señalando que dentro de un plan que incluye 50 artículos —33 permanentes y 17 transitorios— solo cuatro estarían destinados a materias de reconstrucción, pese a que ese fue presentado como uno de los ejes comunicacionales de la iniciativa.

“Si vamos a hablar de reconstrucción, no podemos hablar de la reconstrucción de la billetera de los ministros y ministras”, afirmó.

 Debate político y estándares de probidad

La solicitud se enmarca en un debate mayor sobre estándares de probidad, declaraciones patrimoniales y conflictos de interés en el ejercicio de la función pública. Expertos en transparencia han señalado en distintos estudios —como los informes del Consejo para la Transparencia (2019) y de la OCDE sobre integridad pública (2020)— la relevancia de reforzar mecanismos que eviten cualquier duda sobre beneficios personales derivados de políticas públicas.

En ese contexto, la intervención de Santana instala una discusión que trasciende el contenido técnico de la reforma tributaria y se traslada al terreno de la confianza pública.

 Un llamado a despejar dudas

El parlamentario concluyó su intervención señalando que el objetivo no es acusar, sino despejar cualquier suspicacia antes de que avance la tramitación del proyecto.

La petición concreta al ministro de Hacienda es que informe si las disposiciones de la reforma podrían generar beneficios económicos a autoridades del Ejecutivo y, de ser así, en qué magnitud, a fin de transparentar la discusión ante el país.

La controversia abre un nuevo flanco en el debate legislativo de la reforma tributaria, donde ahora la discusión no solo gira en torno a su impacto fiscal y económico, sino también a los estándares de transparencia y probidad que deben acompañar su tramitación.