La discusión económica entre el gobierno de José Antonio Kast y los sectores progresistas comenzó a salir del terreno técnico para instalarse en una pregunta mucho más concreta: cómo podrían cambiar la vida cotidiana de los chilenos las nuevas políticas económicas impulsadas por La Moneda.

La Red de Centros de Pensamiento Progresista —integrada por fundaciones y centros ligados a la centroizquierda y la izquierda chilena— publicó un extenso documento donde critica la “megarreforma tributaria” del Ejecutivo y advierte que sus efectos podrían sentirse directamente en los hogares, el empleo y el costo de vida.

Altas tasas de interés y mayores costos

Uno de los mayores temores apunta al eventual aumento de la deuda pública y el deterioro fiscal. Según el texto, si el Estado recauda menos impuestos mientras mantiene altos niveles de gasto, Chile podría terminar pagando tasas de interés más altas en los mercados internacionales. ¿Cómo se traduce eso para las personas? En créditos hipotecarios más caros, cuotas más altas para comprar viviendas y mayores costos para financiar autos, estudios o emprendimientos. 

El progresismo también cuestiona que gran parte de las rebajas tributarias beneficien principalmente a grandes empresas y sectores de altos ingresos. Desde esa mirada, el problema no sería solo ideológico, sino práctico: menos recursos fiscales podrían traducirse en mayor presión sobre servicios públicos como salud, educación, vivienda o pensiones en los próximos años.

Crítica al subsidio laboral

Otra de las alertas tiene relación con el empleo. El documento sostiene que el subsidio laboral propuesto por el gobierno favorecería principalmente a empleadores grandes sin garantizar nuevas contrataciones ni mejores sueldos. En términos simples, la crítica es que las empresas podrían recibir alivios tributarios sin que eso necesariamente se traduzca en mejores condiciones para los trabajadores.

La preocupación se vuelve especialmente sensible para jóvenes, mujeres y trabajadores de pequeñas empresas. Los centros progresistas sostienen que las PYMES tendrían menos capacidad de aprovechar los beneficios tributarios, mientras los empleos podrían seguir siendo precarios o mal remunerados en sectores ya golpeados por el bajo crecimiento económico.

Capacitación laboral en riesgo

Otro punto que podría impactar directamente en la vida doméstica es la eliminación de la franquicia SENCE para capacitación laboral. Según el documento, en un escenario marcado por automatización, inteligencia artificial y transición energética, reducir herramientas de capacitación podría dejar a miles de trabajadores con menos posibilidades de reconversión laboral.

La discusión adquiere especial relevancia en regiones mineras y productivas como Antofagasta, donde la transformación tecnológica ya está modificando faenas, servicios y perfiles laborales. En ese contexto, el progresismo advierte que disminuir incentivos para capacitación podría profundizar brechas entre trabajadores altamente especializados y quienes quedan rezagados frente a nuevas tecnologías.

También existe preocupación respecto al mercado inmobiliario. Aunque el gobierno propone rebajas transitorias del IVA para viviendas nuevas, el documento sostiene que el beneficio podría terminar favoreciendo principalmente a grandes inmobiliarias sin generar una baja significativa en los precios finales para las familias.

Advertencia sobre recortes

A eso se suma la advertencia sobre posibles recortes futuros en gasto público si la recaudación fiscal no alcanza las proyecciones del Ejecutivo. Para sectores progresistas, eso podría derivar en menos inversión en infraestructura, menor apoyo social y mayores tensiones en áreas sensibles como hospitales, vivienda pública o programas regionales.

Reconocimiento en avances de la agenda oficialista

Sin embargo, el documento no rechaza completamente toda la agenda del gobierno. La red reconoce avances en agilización de permisos, modernización regulatoria y estímulos para sectores estratégicos como minería, hidrógeno verde, litio y economía digital.

De hecho, uno de los elementos más interesantes del debate es que ambos sectores parecen coincidir en parte del diagnóstico económico: Chile necesita crecer más, invertir más y generar empleo. La diferencia aparece en la fórmula para lograrlo.

Mientras el gobierno apuesta por rebajas tributarias, desregulación y estímulos al gran capital privado, el progresismo insiste en fortalecer capacidades estatales, innovación, infraestructura y redistribución fiscal. Detrás de la disputa técnica existe, en realidad, una diferencia mucho más profunda sobre qué tipo de desarrollo económico debe construir Chile durante la próxima década.

Distancia ideológica y diálogo

El problema es que esa distancia ideológica también comienza a bloquear espacios de acuerdo político. Aunque el progresismo dice estar dispuesto a dialogar, condiciona gran parte de cualquier entendimiento a eliminar pilares centrales de la reforma oficialista.

Y mientras el debate político se endurece, las familias observan otra preocupación mucho más inmediata: si las promesas de crecimiento realmente terminarán mejorando su vida diaria o si el costo de esta nueva disputa económica volverá a recaer, una vez más, sobre los trabajadores y la clase media chilena.