La polémica por la tala de árboles en el centro de Copiapó escaló durante las últimas horas luego que el concejal Juan Pablo Rico anunciara la preparación de un recurso de protección para frenar nuevas intervenciones y exigir responsabilidades por los daños al arbolado urbano de la comuna.

En conversación con Madero FM, el edil calificó lo ocurrido como un “aniquilamiento” de especies arbóreas y cuestionó duramente la forma en que la empresa CGE ejecutó los trabajos instruidos previamente por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y la Seremi de Energía.

“Esto dejó de ser poda y despeje”

Según explicó Rico, el oficio emitido el pasado 17 de abril instruía únicamente labores de poda y despeje de vegetación en contacto con redes energizadas.

Sin embargo, sostuvo que lo ocurrido en terreno excedió completamente ese marco.

“Esto dejó de ser una poda y un despeje. Esto es un crimen, un aniquilamiento de las especies arbóreas de nuestra comuna”, afirmó el concejal.

El edil advirtió además que muchas de las especies afectadas corresponden a árboles con más de 25 años de crecimiento, en una ciudad que históricamente ha enfrentado déficit de áreas verdes y problemas de arborización.

Copiapó y el debate sobre planificación urbana

La controversia abrió nuevamente la discusión sobre el desarrollo urbano de la capital regional y el atraso de instrumentos de planificación territorial.

Rico recordó que el plan regulador comunal permanece desactualizado desde 2014 y aseguró que la ausencia de planificación ha impedido avanzar hacia soluciones estructurales como el soterramiento de cables eléctricos.

“Esto no pasa en Las Condes”, señaló, apuntando a las diferencias urbanas entre comunas de mayores ingresos y ciudades del norte donde los tendidos eléctricos continúan expuestos y conviven directamente con árboles urbanos.

A juicio del concejal, el caso evidencia la necesidad urgente de actualizar el plan regulador y desarrollar una estrategia de rearborización para la comuna.

Recurso de protección y posibles sanciones

El concejal confirmó que actualmente se recopilan antecedentes jurídicos y administrativos para presentar un recurso de protección basado en el derecho constitucional a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

La acción judicial está siendo trabajada junto al abogado copiapino Inti Salamanca y podría ser ingresada durante la próxima semana.

Paralelamente, informó que la Municipalidad de Copiapó ordenó detener temporalmente las faenas y aplicaría multas por los daños generados.

Uno de los elementos que más preocupa a las autoridades locales es que el oficio original contemplaría intervenciones en otros puntos de la ciudad, incluyendo sectores céntricos cercanos al BancoEstado y áreas donde existen especies arbóreas consolidadas.

“No se consultó realmente a la comunidad”

Durante la entrevista, Rico también cuestionó que, pese a existir comunicación formal hacia el municipio respecto de las labores, no existió un proceso real de coordinación o supervisión efectiva en terreno.

Según indicó, el municipio debió haber acompañado técnicamente la ejecución de los trabajos para evitar que una instrucción de poda terminara convirtiéndose en una tala masiva.

El concejal reconoció además que el episodio refleja debilidades institucionales en materia de fiscalización y protección de espacios públicos.

Mientras tanto, el caso continúa generando fuerte reacción ciudadana en redes sociales y entre organizaciones ambientales, especialmente porque Copiapó es una de las ciudades del norte donde el arbolado urbano cumple un rol clave frente a las altas temperaturas y la escasez de áreas verdes.

Ahora, el conflicto podría trasladarse desde el debate político y ambiental hacia tribunales, en una controversia que amenaza con transformarse en uno de los principales focos de tensión urbana de las últimas semanas en la capital regional de Atacama.