Un nuevo robo de cables conductores eléctricos se registró en la ciudad de Antofagasta, provocando daños en infraestructura crítica de distribución y dejando sin suministro a 93 clientes, incluidos servicios esenciales.

El hecho afectó instalaciones subterráneas, dañando un transformador de 6 MVA clave para sectores donde se ubican el Hospital Regional de Antofagasta y la sanitaria Aguas Antofagasta. Aunque el recinto asistencial logró continuar operando mediante sistemas de respaldo, la situación evidenció la vulnerabilidad de la red frente a este tipo de delitos.

Desde la empresa CGE, su gerente zonal en Antofagasta, Rodrigo Bottinelli, calificó el hecho como “extremadamente grave”, advirtiendo que este tipo de conductas comprometen directamente el funcionamiento de servicios esenciales y requieren mayor coordinación con autoridades.

Cifras regionales: una problemática en aumento

Durante 2025, la región de Antofagasta ha registrado 61 episodios de robo de cables, con un total de 26.964 metros sustraídos —equivalentes a casi 27 kilómetros—, según datos de la industria eléctrica.

Estos hechos han afectado a 15.755 clientes y generado pérdidas superiores a los $562 millones en costos de reposición y reparación. La comuna de Antofagasta concentra la mayor cantidad de casos, con 47 incidentes y más de 12 mil clientes impactados.

En tanto, Calama registra 12 episodios, mientras que Sierra Gorda, con solo dos casos, presenta uno de los mayores impactos económicos: más de $352 millones asociados al robo de 7.100 metros de cable.

Antofagasta en el contexto nacional

A nivel país, el fenómeno ha alcanzado cifras históricas. Durante 2025 se registraron 1.426 robos de cables, con más de 420 kilómetros sustraídos y más de 265 mil clientes afectados. Esto representa un aumento significativo respecto de 2024, cuando se contabilizaron 774 casos.

Según antecedentes de la Fiscalía y reportes sectoriales, el robo de cables ha crecido un 168% entre 2021 y 2025, pasando de 172 a 461 casos en registros policiales, lo que evidencia una tendencia sostenida al alza.

Delito organizado y factores estructurales

Diversos informes coinciden en que el robo de cables ha evolucionado desde prácticas oportunistas hacia esquemas de crimen organizado. De acuerdo con la Fiscalía, el delito forma parte de una cadena que incluye la sustracción, fundición y posterior comercialización o exportación del cobre.

En regiones como Antofagasta, esta dinámica se ve reforzada por factores estructurales como la presencia de infraestructura minera y energética, así como el alto precio internacional del cobre, que actúa como incentivo económico.

Además, la baja trazabilidad del cobre robado y la existencia de redes logísticas más sofisticadas han permitido el desarrollo de bandas con mayor capacidad operativa.

Impactos en la comunidad y servicios esenciales

El robo de cables no solo genera pérdidas económicas para las empresas distribuidoras —CGE, por ejemplo, reportó gastos superiores a $5.570 millones a nivel nacional en 2025—, sino que también afecta directamente la calidad de vida de la población.

Entre los principales impactos se encuentran interrupciones prolongadas del suministro eléctrico, daños a infraestructura crítica como transformadores y redes, y riesgos para la seguridad pública.

En Antofagasta, el efecto más visible para la ciudadanía sigue siendo la reiteración de cortes de luz y la vulnerabilidad de servicios clave, lo que posiciona este delito como una de las principales preocupaciones en materia de seguridad e infraestructura en la región.