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Por «contradicciones relevantes»: absuelven a profesor de matemáticas de Calama acusado de abuso sexual por grupo de estudiantes

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El Tribunal Oral de Calama absolvió unánimemente a un profesor de matemáticas acusado de abuso sexual, tras años de proceso judicial. Los jueces determinaron que las pruebas eran insuficientes y los testimonios contradictorios, sumado a una pericia que demostró que los hechos denunciados eran físicamente imposibles de ocurrir.

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Calama ha dictado una sentencia definitiva que pone fin a uno de los casos más comentados en la comunidad escolar de la capital loína. De manera unánime, los jueces resolvieron absolver a un profesor de matemáticas que había sido acusado de abuso sexual por sorpresa, determinando que no existieron pruebas suficientes para sostener la denuncia presentada por un grupo de estudiantes.

Este fallo no solo ratifica la inocencia del docente, sino que cierra un ciclo que comenzó con una fuerte presión pública, una detención mediática y años de incertidumbre judicial para el profesional, quien incluso fue sobreseído previamente en la instancia administrativa.

El origen de la denuncia y la detención

La historia se remonta a una serie de denuncias formuladas por alumnas de un establecimiento técnico profesional de Calama. Entre los días 22 y 24 del mes del reporte original, la Brigada de Investigación Criminal de la PDI recibió cinco relatos que apuntaban directamente al profesor, situando los supuestos hechos en pleno horario de clases.

La respuesta de las autoridades fue inmediata. La Fiscalía Local tramitó una orden de detención que se concretó un jueves por la tarde, cuando el docente se presentó voluntariamente en el cuartel policial. En la audiencia de formalización, la fiscalía le imputó cuatro delitos de abuso sexual, logrando que el Juzgado de Garantía dictara la medida cautelar de prisión preventiva. El profesor pasó cinco días privado de libertad antes de que su defensa lograra revertir la medida, marcando el inicio de un proceso que se extendería por meses bajo un plazo investigativo de 120 días.

Las contradicciones que derrumbaron el caso

A pesar de la gravedad de las imputaciones iniciales, el juicio oral permitió desmenuzar las pruebas bajo un análisis técnico y objetivo. El tribunal fue enfático al señalar que los testimonios de las denunciantes presentaban contradicciones relevantes. En materia penal, para condenar a una persona se requiere que la prueba supere «toda duda razonable», algo que en este caso estuvo lejos de ocurrir.

Uno de los puntos clave analizados por los jueces fue el contexto ambiental. El tribunal consideró altamente improbable que los episodios descritos ocurrieran en salas con alta concurrencia de alumnos, con las puertas abiertas y bajo los estrictos protocolos sanitarios que regían en ese momento. Resultaba inverosímil que ningún otro estudiante o funcionario del plantel advirtiera alguna irregularidad en un espacio tan transitado y vigilado.

La pericia científica: Una prueba física imposible

Además de los testimonios, la defensa presentó una pericia criminalística que resultó determinante. Este estudio técnico analizó la organización de la jornada escolar y los tiempos de traslado dentro del establecimiento. La conclusión fue tajante: la dinámica de los hechos descrita en uno de los relatos principales era físicamente imposible de realizar dadas las restricciones de tiempo y espacio del recinto.

Álvaro Gazón Gajardo, Defensor Jefe (s) de Calama, valoró el resultado del juicio, señalando que siempre tuvieron la convicción de la inocencia de su representado. «Nuestro trabajo fue demostrarlo con antecedentes objetivos y un análisis riguroso de la prueba», indicó. Para la Defensoría Penal Pública, este caso resalta el valor del debido proceso, asegurando que nadie sea condenado sin evidencia sólida.

Un cierre sin condena en costas

Aunque el profesor fue absuelto, el tribunal decidió no condenar en costas al Ministerio Público ni a las querellantes. Esto significa que los jueces estimaron que sí existieron motivos plausibles para iniciar la investigación y llevar el caso a juicio, validando el derecho de las presuntas víctimas a denunciar, aunque finalmente la prueba no fuera suficiente para una condena.

Con esta sentencia, el docente queda libre de toda responsabilidad penal, recuperando su honra tras un proceso que tensionó a la comunidad educativa de Calama y que hoy deja una lección sobre la importancia de la presunción de inocencia en el sistema judicial chileno.

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