Un fuerte remezón recibió el pasado viernes el sistema educativo, tras revelarse un documento estratégico del Ministerio de Hacienda que pone en jaque la continuidad de beneficios históricos, al recomendar descontinuar o reestructurar drásticamente el Programa de Alimentación Escolar (PAE), gestionado por Junaeb.

De acuerdo al informe del Gobierno, la medida forma parte de un plan mayor de ajuste fiscal que busca optimizar el gasto público bajo el argumento de una baja eficiencia en la asignación de recursos actuales, detallando un listado de 15 programas del área de Educación que presentan insuficiencias según la evaluación técnica de Hacienda.

En el caso del Programa de Alimentación, el documento sugiere que el beneficio ha perdido su foco original y que el Estado debería transitar hacia un modelo de transferencias directas o focalización extrema. Recomendación que ha sido interpretada como el primer paso para desmantelar la estructura actual de Junaeb en los establecimientos educacionales.

Recorte en dos pasos

El proceso de recorte propuesto por el Ejecutivo se llevaría a cabo de forma gradual, comenzando por la eliminación del beneficio universal de quintiles de mayor ingreso en colegios subvencionados.

En una segunda etapa, se propone reducir la cobertura de raciones diarias, eliminando el servicio de desayuno o colaciones en ciertos niveles educativos, bajo la premisa de que las familias podrían cubrir estas necesidades mediante otros subsidios estatales ya vigentes.

Argumento de emergencia

La justificación de Hacienda se basa en la necesidad de reducir el déficit fiscal y reorientar el presupuesto hacia áreas que el actual Gobierno considera «prioritarias».

El informe sostiene que muchos de beneficiarios actuales de Junaeb no se encuentran en vulnerabilidad extrema, lo que califica como una «ineficiencia en el gasto». Criterio técnico que choca directamente con la visión de la alimentación escolar como un derecho garantizado y un pilar fundamental para la asistencia a clases de miles de estudiantes.

El impacto en la comunidad escolar

La filtración del documento ha generado reacciones inmediatas en las comunidades escolares, donde se teme que la descontinuación del programa afecte la nutrición y el rendimiento académico de los menores.

Por su parte, parlamentarios y gremios de la educación han advertido que el PAE es una de las redes de protección social más exitosas de Chile, y que su debilitamiento podría aumentar la deserción escolar en los sectores más postergados.

Hasta ahora, el Ejecutivo mantiene la recomendación del oficio como una hoja de ruta necesaria para la responsabilidad fiscal del 2026. Considerando que, para que este ajuste se concrete, deberá ser discutido en el Congreso de cara a la Ley de Presupuestos 2027.