La condena de 12 años de prisión domiciliaria contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe marca un hito judicial y político en la historia del país. Un tribunal de Bogotá dictó la pena este viernes tras declararlo culpable de soborno de testigos y fraude procesal, con ejecución inmediata pese a la apelación de la defensa. Es la primera vez que un exmandatario colombiano enfrenta una sentencia penal de esta magnitud.

El caso, que se arrastra desde 2012, se inició tras acusaciones del senador Iván Cepeda, quien vinculó a Uribe con grupos paramilitares. En un giro inesperado, la Corte Suprema investigó al propio expresidente al detectar intentos de manipulación de testigos por parte de su entorno. El proceso pasó a la justicia ordinaria en 2020 y derivó finalmente en una sentencia que superó las expectativas de analistas y fiscales.

La jueza Sandra Heredia argumentó que la medida inmediata busca garantizar la convivencia ciudadana y evitar una posible fuga, dada la notoriedad internacional de Uribe. El fallo sorprendió incluso a juristas que preveían una pena menor. La filtración anticipada de la sentencia y la reacción polarizada de la opinión pública evidencian el impacto profundo de este episodio en la institucionalidad colombiana.

Uribe ha insistido en su inocencia y en que es víctima de una persecución política. Su partido, el Centro Democrático, convocó a manifestaciones de apoyo, mientras crecen las tensiones entre él y el presidente Gustavo Petro. Con esta condena, Uribe se suma a la lista de exmandatarios latinoamericanos con procesos judiciales emblemáticos, en un momento clave para la memoria, la justicia y el futuro político de Colombia.