La Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió un recurso de nulidad y dejó sin efecto la sentencia que había dado la razón a Alejandra Pozo Cortez, exdirectora regional del Servicio de Protección Especializada a la Infancia y Adolescencia, quien denunció vulneración de derechos fundamentales tras ser apartada de su cargo.

En fallo unánime (causa rol 58-2025), la Segunda Sala del tribunal de alzada —integrada por los ministros Dinko Franulic, Jasna Pavlich y el abogado Álvaro Tello— determinó que la petición de renuncia por pérdida de confianza, realizada por la autoridad competente, se ajustó a derecho.

El tribunal argumentó que, de acuerdo con la Ley de Alta Dirección Pública y el Estatuto Administrativo, los cargos como el que ejercía Pozo son considerados de exclusiva confianza. Por lo tanto, la autoridad puede solicitar la renuncia basándose en razones de confianza o desempeño, sin que eso constituya, por sí mismo, una vulneración de derechos fundamentales.

“La sentencia incurrió en una errónea calificación jurídica del factum”, señala el fallo, agregando que la Corte Suprema ya ha establecido criterios similares en casos anteriores. Asimismo, se sostuvo que el despido no puede considerarse discriminatorio si proviene de una pérdida de confianza hacia un alto directivo público.

Con este nuevo fallo, se rechaza en todas sus partes la denuncia de tutela laboral presentada por Alejandra Pozo, revocando así la decisión del Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta, que en primera instancia había ordenado el pago de más de $53 millones en indemnizaciones por daño moral y perjuicios.