Tras casi un mes de audiencias en juicio oral, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de La Serena dictó un veredicto condenatorio contra 13 personas involucradas en una red de corrupción que operó al interior de la Corporación Municipal Gabriel González Videla entre 2019 y 2022. El caso, investigado por la Fiscalía Regional de Coquimbo, concluyó con la acreditación de delitos de fraude al fisco, fraude de prestaciones estatales y lavado de activos.

La resolución judicial establece que los acusados participaron en un esquema destinado a desviar millonarios recursos públicos mediante mecanismos contables irregulares, los cuales luego eran ocultados a través de operaciones financieras destinadas a dificultar el rastreo del dinero.

Un esquema basado en boletas falsas y triangulación de fondos

De acuerdo con lo expuesto durante el juicio, la investigación logró establecer la existencia de un sistema de defraudación sostenido en la emisión de boletas ideológicamente falsas. Este mecanismo permitió la justificación de pagos por servicios inexistentes o inflados, lo que facilitó la apropiación de recursos municipales.

Posteriormente, el dinero era redistribuido mediante transferencias bancarias coordinadas entre los involucrados. Esta dinámica tenía como objetivo ocultar el origen ilícito de los fondos y, al mismo tiempo, permitir la adquisición de bienes de alto valor, configurando así el delito de lavado de activos.

El tribunal dio por acreditado que este esquema se mantuvo operativo durante varios años, generando un perjuicio sostenido a las arcas de la corporación municipal.

Perjuicio fiscal asciende a $761 millones

Uno de los elementos centrales del fallo fue la determinación del daño económico causado al municipio de La Serena. El tribunal estableció de manera unánime que el perjuicio fiscal asciende a $761 millones.

Si bien el Ministerio Público no logró acreditar cargos adicionales como asociación criminal o falsificación reiterada de instrumento público, el resultado del juicio fue considerado relevante por la contundencia de las condenas asociadas al delito de lavado de activos, que alcanzó a la totalidad de los imputados.

En el desglose de responsabilidades, dos exfuncionarias de la corporación municipal fueron condenadas como autoras de fraude al fisco. En tanto, las otras 11 personas fueron consideradas culpables del delito de fraude de prestaciones estatales, una figura vinculada a la obtención irregular de beneficios o pagos del aparato público.

No obstante, el punto más relevante del fallo es que los 13 acusados fueron condenados también por lavado de activos, lo que refuerza la tesis de una estructura orientada no solo a defraudar, sino también a ocultar el origen de los fondos obtenidos ilícitamente.

Pruebas clave: Contraloría, PDI y peritajes contables

La Fiscalía Regional de Coquimbo sostuvo la acusación en una serie de pruebas documentales y periciales que fueron consideradas fundamentales por el tribunal.

Entre ellas destaca el informe de auditoría emitido por la Contraloría General de la República, el cual permitió detectar irregularidades financieras y sirvió como base inicial para la investigación.

A ello se sumaron los informes técnicos elaborados por la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), a través de unidades especializadas como la Brigada de Delitos Económicos (BRIDEC) y la Brigada de Lavado de Activos (BRILAC). Estos equipos realizaron análisis de flujos financieros, trazabilidad de transferencias y levantamiento de evidencia en terreno.

Finalmente, el equipo pericial de la propia Fiscalía Regional desarrolló un análisis contable de alta complejidad, que permitió consolidar la estructura del caso y fue validado íntegramente por el tribunal al momento de la sentencia.

Fiscalía destaca impacto del fallo en la lucha anticorrupción

El fiscal del caso, Carlos Vidal, valoró el resultado del juicio, subrayando que la investigación se sustentó en evidencia técnica y en la coordinación entre distintas instituciones del Estado.

En paralelo, el Fiscal Regional de Coquimbo, Patricio Cooper, destacó la relevancia del fallo en el contexto del combate a la corrupción en la zona, señalando que este tipo de delitos siguen siendo una prioridad institucional.

Cooper enfatizó que los recursos públicos deben ser utilizados en beneficio de la comunidad y no desviados hacia intereses particulares, reforzando la importancia del trabajo investigativo desarrollado en este caso.

Sentencia final será leída el 11 de julio

Con el veredicto ya dictado, el tribunal fijó para el 11 de julio a las 11:00 horas la audiencia de lectura de sentencia. En dicha instancia se conocerán las penas específicas que deberán cumplir los 13 condenados.

La resolución marcará el cierre definitivo de uno de los casos de corrupción más relevantes investigados en la Región de Coquimbo en los últimos años, tanto por el monto involucrado como por la cantidad de personas condenadas y la complejidad del mecanismo utilizado para defraudar al municipio.