Planificar vacaciones familiares fuera de Chile no pasa solamente por comprar pasajes y reservar alojamiento. Cuando un niño, niña o adolescente viaja sin ambos padres, existen requisitos destinados a garantizar que su salida del territorio nacional se realice con las autorizaciones correspondientes.

El problema aparece cuando el padre o madre que no viajará se niega a entregar su consentimiento. En ese escenario, el conflicto puede terminar ante un Tribunal de Familia y el procedimiento, dependiendo de su complejidad, podría extenderse por varios meses.

Así lo explicó en Radio Madero Pamela Moya, abogada de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ), quien llamó a las familias a realizar estas gestiones con anticipación y, especialmente, a evitar que los conflictos entre adultos terminen perjudicando a los hijos.

“Lo primero que hay que decir es que es importante nunca instrumentalizar a los niños”, señaló la profesional.

Si existe acuerdo, el trámite es considerablemente más simple

Cuando existe consentimiento entre los padres, la situación puede resolverse sin necesidad de abrir una controversia judicial, formalizando la correspondiente autorización para que el menor salga del país.

“Están las autorizaciones de salida del país que se pueden hacer totalmente de manera voluntaria”, explicó Moya.

La situación cambia cuando el padre o madre que debe prestar su consentimiento se opone. En determinados casos será necesario recurrir al Tribunal de Familia para solicitar que judicialmente se autorice el viaje.

La abogada explicó que al presentar la solicitud resulta fundamental entregar información precisa sobre el desplazamiento: cuándo saldrá el niño del país, con quién viajará, cuál será su destino y cuándo regresará a Chile, cuando se trate de un viaje temporal.

También existen solicitudes diferentes, como aquellas destinadas al retorno definitivo de niños extranjeros a su país de origen, una realidad que ha adquirido especial relevancia debido a los movimientos migratorios experimentados por Chile durante los últimos años.

¿Cuánto puede demorar?

Una de las principales recomendaciones para las familias es no dejar el trámite para las semanas inmediatamente anteriores al viaje.

Según Moya, una solicitud relativamente sencilla podría resolverse aproximadamente dentro de dos o tres meses.

“Desde que se inicia una solicitud de una causa voluntaria, no debiese transcurrir más allá de dos o tres meses en que esto ya esté resuelto”, indicó.

Sin embargo, cuando existe una controversia efectiva entre los padres, los tiempos pueden aumentar.

Si el progenitor que no viajará mantiene, por ejemplo, un régimen de relación directa y regular que podría verse afectado por una salida prolongada, el tribunal deberá ponderar los antecedentes de ambas partes antes de decidir.

En esas circunstancias, un procedimiento completo podría alcanzar aproximadamente seis meses, según la estimación entregada por la abogada.

Por ello, si una familia proyecta viajar durante las vacaciones y sabe que necesitará autorización del otro progenitor, la recomendación práctica es comenzar las gestiones con varios meses de anticipación.

Los tiempos, además, no dependen exclusivamente de los abogados o las partes.

“Por el volumen de causas que tramitan los tribunales de familia, el agendamiento de audiencia no es tan próximo”, explicó Moya.

Atención con la resolución judicial antes de llegar al aeropuerto

La profesional advirtió sobre otro punto que puede resultar decisivo.

Cuando la salida del país ha sido autorizada judicialmente, no basta con asumir que cualquier copia de la resolución permitirá automáticamente concretar el viaje.

Moya recomendó comprobar previamente que la documentación judicial cuente con las certificaciones necesarias que acrediten que la resolución se encuentra firme o ejecutoriada, cuando corresponda.

“Es vital que no solo vaya el documento con la autorización de salida del país, sino que la certificación de ejecutoria”, explicó.

La razón es práctica: llegar al control migratorio con documentación incompleta puede impedir concretar la salida del menor.

Por ello, una vez obtenida una autorización judicial, las familias deben revisar con anticipación que cuentan con todos los documentos exigidos para el viaje y no esperar hasta el momento de presentarse en el aeropuerto o paso fronterizo.

¿Qué ocurre si el niño no regresa en la fecha autorizada?

Otro aspecto especialmente sensible corresponde al cumplimiento del periodo autorizado por el tribunal.

Si se estableció una fecha determinada de regreso a Chile, esta debe respetarse.

Sin embargo, pueden producirse situaciones imprevistas: cancelación de vuelos, enfermedad, accidentes u otras circunstancias de fuerza mayor que imposibiliten retornar en la fecha programada.

En esos casos, Moya recomendó informar inmediatamente al Tribunal de Familia y acreditar la razón que impide el regreso.

La tramitación electrónica de los tribunales permite realizar gestiones incluso encontrándose fuera de Chile.

“Desde cualquier parte del mundo podemos informar al tribunal que se nos ha dado una situación que no teníamos contemplada dentro de esta proyección de viaje”, señaló.

Dependiendo de los antecedentes, el tribunal podrá resolver las solicitudes que correspondan respecto del plazo inicialmente establecido.

Distinto es el escenario en que un niño permanece en otro país incumpliendo deliberadamente las condiciones bajo las cuales fue autorizado el viaje. Allí pueden activarse procedimientos relacionados con una eventual retención ilícita o restitución internacional del niño, procesos que pueden involucrar autoridades chilenas y extranjeras y cuya resolución dependerá de las circunstancias particulares y de los tratados aplicables.

Migración suma nuevos casos y dificultades

La abogada planteó que la realidad migratoria ha agregado complejidad a este tipo de procedimientos, particularmente cuando existen niños que ingresaron a Chile de manera irregular o cuya documentación resulta difícil de comprobar.

“Hubo muchos niños que entraron de manera irregular por pasos no habilitados, por lo tanto, no se tenía conocimiento de su ingreso, con quién entraron o quiénes eran los cuidadores”, explicó.

Una situación todavía más delicada corresponde a niños y adolescentes extranjeros que llegan a Chile sin un adulto responsable.

Moya señaló que el Estado debe adoptar medidas para su protección y garantizar necesidades básicas mientras se intenta ubicar a familiares o adultos que puedan asumir legítimamente su cuidado.

En estos casos, explicó, intervienen programas especializados destinados a representar y proteger a niños, niñas y adolescentes en condiciones de especial vulnerabilidad.

La opinión del niño también debe ser considerada

La discusión judicial no se reduce únicamente a determinar cuál de los padres tiene la razón.

Moya enfatizó que los niños y adolescentes tienen derecho a ser oídos, principio reconocido por la Convención sobre los Derechos del Niño y por la legislación chilena.

La decisión debe considerar además su interés superior.

Esto significa analizar cuál es el propósito del viaje y qué beneficios puede representar para el menor, incluyendo vacaciones y recreación, educación, actividades deportivas, reunificación familiar u otras experiencias.

Para la profesional, el principal llamado es separar los conflictos existentes entre los adultos de los intereses de sus hijos.

“Más allá de las dificultades que como adultos podamos tener o las diferencias que se puedan generar entre los adultos, acá el llamado es siempre poner el foco en la necesidad y el bienestar integral de un niño, niña o adolescente”, concluyó.