La controversia por el futuro del asentamiento irregular La Varilla sumó un nuevo capítulo tras confirmarse que la Municipalidad de La Serena ingresó en junio de este año un oficio formal ante la Delegación Presidencial de Coquimbo, dirigido al delegado Víctor Pino, para solicitar una intervención urgente, multisectorial y de carácter estatal.
La jefa comunal, Daniela Norambuena, recalcó que la presentación municipal contiene un diagnóstico alarmante sobre las condiciones del sector:
Inseguridad y crimen organizado: El documento advierte que la precariedad del asentamiento podría favorecer el posicionamiento territorial de bandas criminales nacionales o transnacionales.
Falta de servicios esenciales: Se exponen problemas severos de salud pública, afectación medioambiental, conexiones eléctricas fraudulentas y la ausencia total de agua potable, alcantarillado y electricidad.
Vulnerabilidad migratoria: El informe aborda la presencia de personas extranjeras en situación irregular vulnerables a eventuales abusos o redes de explotación.
Ante este escenario, Norambuena enfatizó la necesidad de una estrategia coordinada: “Esta debe combinar un enfoque social con la seguridad pública con el objetivo de frenar su crecimiento demográfico, reducir la delincuencia y proteger a los niños, mujeres, además de personas de la tercera edad… Se necesita una respuesta sostenible en el tiempo y que permita restablecer el estado de derecho lo antes posible”.
La diferencia administrativa entre intervención integral y desalojo formal
Pese al requerimiento ingresado por el municipio en junio, la Seremi de Seguridad Pública aclaró previamente que La Varilla no se encuentra incorporada en el calendario oficial de desalojos de la Región de Coquimbo, debido a una distinción de carácter administrativo.
Desde la Seremi explicaron los requisitos legales para ejecutar la restitución del predio:
Acreditación de antecedentes: Reunir los respaldos técnicos, sociales y de propiedad correspondientes.
Orden ejecutiva o judicial: Obtener una resolución administrativa formal o una orden judicial de restitución del terreno.
Ingreso a la pauta de la Delegación: Solicitar formalmente a la Delegación Presidencial Regional la incorporación del procedimiento al calendario de desalojos.
Dado que ese trámite específico aún no ha sido completado ni presentado formalmente por las vías legales para el desalojo, el asentamiento continúa fuera de la programación inmediata de lanzamiento, manteniéndose el foco municipal en lograr una intervención estatal de carácter preventivo y social.
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