En medio de todo el revuelo político y social sobre las pensiones de gracia otorgadas a víctimas del estallido social de 2019, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, ha señalado la existencia de deficiencias en los procedimientos administrativos y la coordinación entre entidades gubernamentales.
La Contraloría General de la República reveló que 58 de los beneficiarios de estas pensiones tienen antecedentes penales por delitos graves, mientras que 19 expedientes carecían de antecedentes médicos.
Monsalve explicó que la resolución que regía el proceso, emitida en enero de 2022 por el ex subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, en el Gobierno de Sebastián Piñera, no incluía la solicitud de antecedentes penales y fue creada sin mala intención.
El subsecretario destacó que esta situación detectada luego de la revisión de los procedimientos para otorgar pensiones de gracia, se decidió modificar la resolución para exigir siempre los antecedentes penales en la entrega de estos beneficios a futuro.
Cabe destacar que durante la jornada de ayer, la Ministra del Interior, Carolina Tohá dio a conocer que el Presidente Gabriel Boric dejó firmado un decreto para revocar la pensión de gracia de una persona con antecedentes por pornografía infantil.
Foto: Agencia Uno
