Un total de 435 viviendas subsidiadas por el Estado han sido sometidas a fiscalización en la Región de Antofagasta como parte del reforzamiento de los controles impulsados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu).

El despliegue comprende cuatro conjuntos habitacionales y busca determinar si las propiedades entregadas mediante programas habitacionales están siendo efectivamente ocupadas por las personas que recibieron el beneficio estatal.

Las inspecciones ya permitieron detectar distintas situaciones irregulares. Entre ellas aparecen viviendas desocupadas, departamentos o casas arrendadas sin la autorización administrativa correspondiente y propiedades ocupadas por terceros o familiares distintos de quienes originalmente recibieron el subsidio.

Desde el Minvu precisaron que una parte importante de las viviendas inspeccionadas sí cumple con las exigencias establecidas. Sin embargo, los antecedentes levantados en aquellos casos donde existen indicios de irregularidades serán sometidos al procedimiento administrativo correspondiente.

El seremi de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta, Jorge Olivares Puente, explicó que la finalidad del despliegue es resguardar los recursos públicos destinados a solucionar el déficit habitacional y evitar que viviendas financiadas con apoyo estatal sean utilizadas para fines distintos de aquellos que justificaron la entrega del beneficio.

Entre las principales infracciones que están siendo pesquisadas se encuentran el arriendo no autorizado, la comercialización irregular, la desocupación prolongada, la ocupación por terceros y el incumplimiento de la obligación de residencia personal durante los períodos establecidos por la normativa.

Tres fiscalizaciones antes de resolver cada caso

El procedimiento no implica que una irregularidad detectada durante una primera visita derive automáticamente en la pérdida de la vivienda. Según explicó la directora subrogante de Serviu Antofagasta, Melissa Lucero, el proceso contempla tres fiscalizaciones por cada vivienda.

Los antecedentes quedan registrados y posteriormente pasan por nuevas instancias de revisión, fiscalización y análisis jurídico y social antes de determinar las medidas que correspondan.

En aquellos casos donde finalmente se acrediten incumplimientos graves, la autoridad puede activar los mecanismos establecidos para recuperar la vivienda subsidiada. El inmueble podría posteriormente ser reasignado a postulantes que efectivamente necesiten una solución habitacional definitiva.

La fiscalización forma parte de una política que se está desarrollando en distintas regiones del país para verificar el correcto uso de viviendas financiadas con recursos públicos. En Atacama, por ejemplo, el Minvu confirmó recientemente un proceso similar sobre inmuebles obtenidos mediante programas como el DS49 para familias vulnerables, el DS1 para sectores medios y otros mecanismos de acceso a la vivienda.

El proceso abre además un punto sensible para Antofagasta, una región donde persiste una importante demanda por soluciones habitacionales: mientras numerosas familias continúan esperando acceder a una vivienda, el Estado busca identificar aquellas propiedades subsidiadas que eventualmente permanecen desocupadas, están siendo arrendadas irregularmente o son utilizadas por personas distintas de sus beneficiarios.