La millonaria deuda del Ministerio de Vivienda quedó al descubierto tras revelarse que la cartera comunicó a constructoras que no dispone de recursos suficientes para pagar los compromisos adquiridos en el marco del Plan de Emergencia Habitacional. Aunque el Minvu no precisó un monto oficial, desde la industria apuntan a obligaciones vencidas que superarían los US$1.000 millones, afectando a empresas de distintos tamaños, además de propietarios de terrenos.

El problema golpea directamente a los subsidios DS19 y DS49, que financian la compra y construcción de viviendas sociales. Inmobiliarias denuncian retrasos millonarios en anticipos y pagos finales, mientras proveedores y dueños de terrenos también reportan impagos. Desde el sector, advierten que la situación pone en riesgo la continuidad de los proyectos y podría derivar en reorganizaciones financieras o quiebras, sobre todo en pequeñas y medianas compañías.

El Gobierno implementó un sistema de “Confirming” con BancoEstado para adelantar pagos, aunque solo aplica a proyectos DS49 y con un costo adicional para las empresas. Desde Hacienda señalaron que la modalidad existe desde 2011, mientras voces críticas acusan que se están traspasando los problemas financieros al próximo período presidencial.

La crisis ocurre en paralelo al avance del plan habitacional, que ya registra más de 214 mil viviendas entregadas o terminadas, equivalentes al 82% de la meta gubernamental. Sin embargo, detrás de las cifras de ejecución, persisten deudas que amenazan con ralentizar obras y retrasar la entrega de soluciones habitacionales para miles de familias de escasos recursos en el país.