La Corporación de Asistencia Judicial reforzó el llamado a informar y acompañar a niños, niñas y adolescentes que requieran representación jurídica en procesos de cambio de nombre y sexo registral, una herramienta contemplada en la Ley 21.120 que garantiza el derecho a la identidad de género.

La Ley N.º 21.120, vigente desde diciembre de 2019, establece un procedimiento para que las personas cuya identidad de género no coincide con su nombre o sexo registral puedan solicitar su modificación legal. En el caso de adolescentes entre 14 y 18 años, el trámite debe realizarse ante los Tribunales de Familia mediante un procedimiento especialmente diseñado para resguardar sus derechos.

El interés superior del adolescente como principio central

Así lo explicó Pamela Moya, coordinadora del programa “La Niñez y la Adolescencia se Defiende” de la Corporación de Asistencia Judicial, quien destacó que el objetivo principal de la normativa es reconocer y proteger el derecho a la identidad de los adolescentes.

“Lo que busca este procedimiento es reconocer el derecho a la identidad de género de niños, niñas y adolescentes, permitiendo que su documentación refleje la forma en que se identifican y son reconocidos socialmente”, señaló.

La profesional explicó que el procedimiento puede ser iniciado por alguno de los representantes legales del adolescente, aunque la eventual oposición de uno de ellos no impide necesariamente que el tribunal pueda acoger la solicitud.

“El tribunal siempre va a resolver considerando el interés superior del niño y su derecho a la identidad. La oposición de un representante legal no significa automáticamente que la solicitud será rechazada”, precisó.

Cómo se desarrolla el procedimiento judicial

Uno de los antecedentes habitualmente considerados es que el adolescente haya participado durante al menos un año en un proceso de acompañamiento psicológico especializado en identidad de género. Sin embargo, Moya aclaró que los tribunales han flexibilizado este requisito en determinados casos, especialmente cuando existen informes contundentes y una trayectoria clara de reconocimiento de la identidad de género.

La coordinadora destacó además que la jurisprudencia reciente incluso ha permitido excepciones respecto de la edad mínima de 14 años contemplada originalmente por la ley, siempre bajo circunstancias particulares y considerando el interés superior del niño.

Una vez cumplidos los 18 años, las personas pueden realizar directamente el trámite administrativo ante el Registro Civil, sin necesidad de recurrir a un procedimiento judicial.

El proceso contempla una audiencia preliminar donde el adolescente es escuchado directamente por el juez, acompañado por profesionales del tribunal y su representación jurídica. Posteriormente se presentan los informes psicológicos y antecedentes que acreditan la solicitud, para finalmente dictarse una sentencia.

Según explicó Moya, la duración promedio de estas causas es relativamente breve y suele extenderse por cerca de tres meses.

Más de 40 causas tramitadas desde 2022

Desde septiembre de 2022, el programa “La Niñez y la Adolescencia se Defiende” ha tramitado 43 causas relacionadas con identidad de género y ha representado a más de 25 mil niños, niñas y adolescentes en distintos ámbitos de protección de derechos.

“Cuando un adolescente logra que el Estado reconozca oficialmente su identidad, se produce un cambio inmediato en su bienestar emocional. Es un reconocimiento que evita nuevas vulneraciones y fortalece su desarrollo”, afirmó.

Acompañamiento familiar y acceso a orientación jurídica

La abogada también subrayó la importancia de acompañar a las familias durante estos procesos, recordando que la legislación contempla programas de apoyo psicosocial tanto para los adolescentes como para sus entornos familiares, con el objetivo de evitar discriminación, estigmatización y afectaciones a la salud mental.

La Corporación de Asistencia Judicial mantiene atención presencial en Antofagasta, Calama y Tocopilla, y llamó a las familias y adolescentes que requieran orientación jurídica a acercarse a sus oficinas para recibir información y representación especializada.