La postergación de las regiones del norte chileno frente a las decisiones tomadas en los macrosectores para la electromovilidad tensiona la gestión pública local. La revelación de que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones no aportará los recursos comprometidos para la adquisición de 40 buses eléctricos en la comuna de Calama desató una profunda crisis institucional.

Esta determinación no solo representa un freno directo a la modernización urbana de una de las capitales mineras más importantes del país, sino que devela una indolencia centralista insostenible: mientras la provincia genera gran parte de la riqueza que sustenta al erario nacional, sus habitantes deben seguir resignados a un sistema de transporte público obsoleto, a la espera de un financiamiento estatal que se diluye entre burocracias y promesas incumplidas.

La indignación escaló con fuerza en la última sesión del Consejo Regional, donde el gobernador Ricardo Díaz catalogó como una «torpeza» la propuesta alternativa levantada por el seremi de la cartera, Pablo Venandy, quien sugirió financiar la totalidad de la iniciativa e incorporar 52 máquinas utilizando el 100% de los fondos del Fondo de Apoyo Regional.

Esta salida administrativa fue interpretada como un despropósito político, dado que dichos recursos ya se encuentran comprometidos por el propio gobierno subnacional en planes de arrastre y conservación de taxis y buses eléctricos.

La molestia de las autoridades locales radica en que el nivel central pretende subsanar su falta de compromiso financiero echando mano a las arcas regionales, obligando al territorio a desvestir un santo para vestir otro, perpetuando el abandono fiscal en las zonas extremas.

El programa de chatarrización como escudo ante el retraso estatal

Ante el portazo del ministerio y una planificación centralizada que pretendía postergar el proyecto por una década, el Gobierno Regional de Antofagasta, junto a su División de Infraestructura y Transportes, determinó activar una línea de contingencia inmediata para evitar la parálisis de la electromovilidad loína.

La estrategia apunta a utilizar los mecanismos del programa «Renueva tu Micro» mediante la Ley 20.378 y el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, una herramienta de chatarrización que ya inyectó 4.660 millones de pesos en 2024 y acumula un subsidio de 4.341 millones de pesos en 2025.

Tras una reunión urgente con los gremios del transporte el día viernes, el jefe de la DIT, David Martínez, confirmó que esta vía asociativa permitiría sortear la burocracia estatal y lograr que los primeros buses eléctricos estén operativos en Calama el próximo año.

Una bofetada a los gremios locales y la urgencia de justicia territorial

La decisión del gobierno central fue resentida con especial dureza por los empresarios del transporte local, quienes denunciaron el hecho como un golpe bajo a la dignidad de la provincia.

El presidente de los Servicios de Transporte de la Línea 7 de Calama, Juan Carlos Villarroel, acusó recibir una verdadera «bofetada» por parte del ministerio, luego de tres años de trabajo técnico continuo diseñando una propuesta que finalmente fue desechada bajo el argumento de la falta de recursos fiscales.

Esta desvinculación del Estado con sus bases productivas reafirma la urgencia de avanzar hacia una descentralización efectiva; las regiones del Norte Grande no pueden seguir implorando por el retorno de sus propios recursos, y los próximos días —marcados por la reunión clave fijada para el 3 de agosto en Santiago entre el gobernador Ricardo Díaz y el ministro Louis de Grange— serán determinantes para exigir que Calama reciba la justicia territorial y la dignidad logística que por derecho propio le corresponde.