La Fiscalía de Atacama formalizó una investigación penal por los delitos de fraude al fisco, cohecho, ilícitos informáticos y falsificación de documentación, en una causa que indaga presuntas irregularidades en la tramitación y pago de permisos de circulación en la Municipalidad de Copiapó.

La investigación, liderada por la Unidad Anticorrupción e Investigación Especializada del Ministerio Público, permitió la detención de una exfuncionaria municipal y dos particulares.

Durante la audiencia, el tribunal decretó la prisión preventiva para la principal imputada, mientras que los otros dos investigados quedaron sujetos a las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional. Además, se fijó un plazo de seis meses para el desarrollo de las diligencias pendientes.

¿Qué ocurrió?

De acuerdo con los antecedentes expuestos por la Fiscalía, la exfuncionaria habría manipulado de manera intencional el sistema informático CAS Chile, utilizado por el municipio para la gestión de permisos de circulación. Mediante estas modificaciones, presuntamente recalculó y redujo de forma irregular los montos que debían pagar distintos contribuyentes, además de eliminar multas impagas asociadas a vehículos.

La mujer se desempeñó en la Municipalidad de Copiapó bajo la modalidad de honorarios entre diciembre de 2020 y febrero de 2026.

¿Cómo se detectó el presunto fraude?

La investigación se inició tras una denuncia presentada por la propia Municipalidad de Copiapó, luego de detectar inconsistencias en el pago de permisos de circulación.

Las diligencias fueron desarrolladas por la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía junto a la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI de Copiapó.

El fiscal Luis Miranda Flores explicó que el caso que dio origen a la investigación involucró a dos particulares que buscaban regularizar la documentación de un vehículo con deudas pendientes en la Municipalidad de Río Claro. Según el Ministerio Público, uno de ellos habría pagado más de dos millones de pesos a la imputada para concretar el trámite de manera irregular.

Fiscalía investiga 92 operaciones similares

Durante el desarrollo de la investigación surgieron antecedentes sobre otras 92 operaciones con características similares. Según informó la Fiscalía, varias de ellas favorecieron a vehículos de alta gama y, en algunos casos, las modificaciones fueron aplicadas reiteradamente sobre determinados automóviles.

Asimismo, la investigación detectó vehículos inscritos a nombre de empresas a los que presuntamente se les modificó de manera irregular la franquicia destinada al uso de personas con discapacidad, beneficio que implica una rebaja en el pago del permiso de circulación.

En esta etapa de la causa existen al menos 30 personas potencialmente beneficiadas por estas maniobras, aunque el Ministerio Público indicó que las diligencias continúan para determinar si existen más involucrados.

«La investigación está en pleno desarrollo y nos resta ubicar al universo de personas que obtuvieron beneficios ilegales», señaló el fiscal Luis Miranda.

Perjuicio fiscal supera los $30 millones

La Fiscalía informó que el perjuicio fiscal establecido hasta ahora supera los 30 millones de pesos, cifra que podría aumentar a medida que avance la investigación.

El comisario Miguel Huerta, de la Bridec de la PDI, explicó que la exfuncionaria habría utilizado sus propias credenciales de acceso al sistema municipal para modificar información y registrar pagos inferiores a los montos que recibía de terceros por la gestión de estos trámites.

Estas diligencias permitieron establecer preliminarmente la participación de tres personas y gestionar las órdenes judiciales que culminaron con la detención de una mujer y dos hombres, todos mayores de edad y de nacionalidad chilena.

Tribunal decretó prisión preventiva para principal imputada

Durante la audiencia de formalización, la Fiscalía, el Consejo de Defensa del Estado y la Municipalidad de Copiapó, esta última en calidad de querellante, solicitaron la prisión preventiva de la exfuncionaria al estimar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.

El tribunal acogió la solicitud y ordenó su ingreso al recinto penitenciario de Copiapó. La mujer fue formalizada como autora de delitos reiterados de fraude al fisco, adulteración informática de datos y falsificación de documentos computacionales.

Respecto de los dos particulares formalizados por el delito de cohecho, el tribunal decretó las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional.

Finalmente, el Juzgado fijó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación, período en el que la Fiscalía buscará determinar el monto definitivo del perjuicio fiscal, establecer el total de operaciones irregulares e identificar a eventuales nuevos involucrados.