Fiscalía de Atacama formalizó causa por delito de cohecho en caso de Municipio de Tierra Amarilla y Minera Candelaria

La Fiscalía de Atacama formalizó la mañana de este martes a los abogados Hernán Bosselin y Ramón Briones, como inductores del delito de cohecho pasivo, luego de reunir los antecedentes de un extenso trabajo indagatorio respecto de actuaciones entre el ex alcalde de Tierra Amarilla, Osvaldo Delgado, los imputados que representaron a esta casa edilicia y la Compañía Minera Candelaria. En tanto, el imputado Jaime Mulet Martínez, quien también sería formalizado, no se presentó a la audiencia y la Fiscalía deberá pedir su desafuero.

Por parte del Ministerio Público la audiencia fue asumida por el equipo de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Local de Copiapó, donde se expuso que se indaga la actuación de los imputados, abogados Hernán Bosselin y Ramón Briones, además de Jaime Mulet, quien no se desempeñaba como diputado en el tiempo que ocurrieron los hechos investigados, quien tampoco se presentó a la audiencia, pese a haber sido citado legalmente por el tribunal.

En dicha instancia judicial, el Ministerio Público comunicó que a partir de la presentación de la mencionada Minera, en septiembre del año 2013 al Servicio de Evaluación Ambiental, de un plan de continuidad operacional denominado “Candelaria 2030”, Jaime Mulet Martínez, con el apoyo de dos funcionarios municipales de su confianza, convencieron al edil de la época, Osvaldo Delgado Quevedo, para que el municipio entablara acciones legales en contra de la empresa minera por daños ambientales que ésta ocasionaba en la comuna, con la finalidad de obtener beneficios económicos para ellos y no para reparar el daño ambiental.

De esta manera, el ahora diputado habría convencido al alcalde para la contratación de abogados de su entera confianza y así conformar un equipo jurídico encargado de conducir y patrocinar las demandas judiciales que forzaran una negociación contra la ley con Minera Candelaria. Esto, al tener conocimiento de las dificultades que enfrentaba para obtener la aprobación de su Estudio de Impacto Ambiental. Sellándose así la contratación de los imputados investigados Hernán Bosselin y Ramón Briones a través del estudio jurídico del cual formaban parte en diciembre de 2013.

De acuerdo a lo argumentado por la Fiscalía, a partir de esta planificación, el 12 de diciembre de ese año se presentó la demanda de reparación por daño ambiental ante el Segundo Tribunal Ambiental en la que se solicitó que Minera Candelaria fuera condenada a la reparación de los daños ambientales, a través de medidas que única y exclusivamente estuvieran dirigidas a reparar la situación ambiental en la que se encontraba y se encuentra la comuna; de forma paralela se efectuó una intervención permanente en el proceso de calificación ambiental del proyecto de continuidad operacional “Candelaria 2030” solicitando el rechazo del mismo por parte del municipio, efectuando denuncias ante la Superintencia de Medioambiente por las infracciones a la normativa ambiental. Además, se organizaron conferencias de prensa a fin de publicitar las demandas ambientales de la comuna junto con hacer pública la demanda por daño ambiental y denuncias ante el punto focal de la OCDE en contra de la mencionada minera.

Según la investigación y los antecedentes que dio a conocer el Ministerio Público en la audiencia, posterior a las acciones judiciales ambientales ya presentadas, los imputados coordinaron reuniones de negociación con los representantes de Minera Candelaria, en las que no se buscaba una reparación del daño ambiental que afectaba a la comuna de Tierra Amarilla ni medidas de mitigación, sino que obtener una millonaria suma en favor de la Municipalidad y de los abogados patrocinantes, lo que se plasmó en una transacción extrajudicial en que, a cambio de importantes sumas de dinero, tanto en favor de la municipalidad, como en favor de los abogados, el alcalde Delgado Quevedo renunciaba a todas las acciones ambientales en contra de la Minera Candelaria, cuestión expresamente prohibida por la ley.

En la formalización se conoció que, tras largas negociaciones, en septiembre del 2015 se realizó una sesión extraordinaria del Concejo Municipal de esta comuna en la que estuvieron presentes Osvaldo Delgado y su asesor Jaime Bahamondes por la municipalidad y el abogado ya formalizado en esta causa, Miguel Troncoso, en representación de la minera. Ocasión en que se expuso sucintamente las ventajas de un convenio de cooperación entre el municipio y la empresa.

Sin embargo, a esta sesión no fueron convocados los concejales, por lo que no tuvieron la opción de conocer el texto de la transacción alcanzada, sus términos, ni las cláusulas y alcances que significaba pasar por alto el daño ambiental sufrido por la comuna de Tierra Amarilla a manos de la Minera, ni tampoco las renuncias a que se obligaba el Municipio respecto del ejercicio de las acciones por reparación de daño ambiental e indemnizatorias, como asimismo de la inexistencia de medidas de reparación del daño ambiental causado.

Tampoco se informó, en dicha sesión, acerca de los honorarios que recibirían los abogados imputados Bosselin y Briones por esta transacción, beneficio que Candelaria se comprometía a pagar a la municipalidad y a sus abogados, para garantizar su continuidad operativa. Puntos respecto de los que figuró de modo irregular en el acta de la referida sesión extraordinaria una supuesta aprobación por parte del Concejo Municipal.

En la sesión quedaron plasmados dos instrumentos privados suscritos entre las partes, siendo el primero referido a una transacción de 7 millones de dólares; y el segundo, un convenio de cooperación mutua que significó el compromiso de un “aporte” cercano a los 40 millones de dólares.

Una vez establecido el acuerdo, se procedió a la firma de una escritura pública, en que se determinó, entre otros puntos, que Minera Candelaria no había incurrido en ninguna de las conductas constitutivas de daño ambiental descritas en la demanda y denuncias; no perseverar con la demanda presentada por la Municipalidad ante el Tribunal Ambiental; además de declarar y reconocer la inexistencia de daño ambiental alegado en las demandas, denuncias o acciones existentes.

Finalmente, se indicó que del beneficio económico obtenido por el acuerdo, que alcanzó los US$7.000.000.- recibidos por el Municipio, sólo US$3.000.000.- ingresaron a las arcas municipales, en tanto que los US$4.000.000.- se destinó a los honorarios de los abogados imputados en esta causa.

FORMALIZACIÓN Y DESAFUERO

Por estos hechos, la Fiscalía formalizó a los imputados Bosselin y Briones, presentes en la audiencia, por su participación en calidad de autores inductores del delito de cohecho pasivo respecto del ex alcalde Osvaldo Delgado Quevedo. Dándose por comunicado el contenido de la formalización en esta instancia.

Respecto de la inasistencia del ahora diputado Jaime Mulet a la audiencia, estando notificado de la misma, el fiscal Christian González, jefe del equipo de la Unidad de Alta Complejidad de la fiscalía de Copiapó, se vio impedido de solicitar su detención por cuanto su defensa se escudó en el fuero parlamentario, ante lo cual la Fiscalía solicitará su desafuero.

Finalmente, a solicitud de las defensas de los imputados y luego de realizada la formalización, el Juez de turno decretó el sobreseimiento temporal de esta causa penal, debido a la existencia de una causa civil previa, de la que actualmente se está a la espera del fallo que debe dictar la Corte Suprema. Ante esto, el fiscal Christian González señaló que “la Fiscalía de Atacama no comparte este criterio al considerar que para esta investigación que indaga el Ministerio Público es irrelevante si existía o no daño ambiental en la comuna, lo cierto es que en este caso hubo pagos de honorarios por parte de la Minera Candelaria para renunciar a las acciones legales al respecto. Por tanto, deduciremos la apelación respectiva y una vez resuelta por la Corte de Apelaciones de Copiapó, seguiremos adelante con la causa penal”.

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