La aprobación de la megarreforma económica del Gobierno dejó una fotografía política particularmente reveladora en la macrozona norte. Entre Antofagasta, Atacama y Coquimbo, los ocho senadores se dividieron exactamente por la mitad: cuatro respaldaron el proyecto y cuatro lo rechazaron. Sin embargo, más que un empate estadístico, la votación evidencia cómo las necesidades territoriales, los cálculos políticos y las identidades partidarias terminaron pesando tanto como el contenido mismo de la iniciativa.

El resultado también confirma que el norte no actuó como un bloque. Cada región expresó dinámicas propias, determinadas por su realidad económica, el impacto de los recientes temporales y la posición estratégica que cada senador ocupa dentro del escenario político nacional.

Antofagasta: respaldo oficialista y una excepción en la oposición

En la Región de Antofagasta, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), respaldó la iniciativa, manteniéndose alineada con el Ejecutivo y con el discurso de impulsar una agenda de crecimiento económico, inversión y simplificación regulatoria.

La sorpresa política provino del senador Pedro Araya (PPD), quien se transformó en el único parlamentario de oposición de la macrozona norte que votó a favor de la reforma. Su decisión rompe con la línea predominante del progresismo y refleja un perfil político que históricamente ha privilegiado posiciones pragmáticas frente a proyectos de impacto económico.

En contraste, Esteban Velásquez de la Federación Regionalista Verde Social rechazó la propuesta, manteniendo una posición coherente con los cuestionamientos formulados por sectores regionalistas y ambientalistas respecto de los eventuales efectos de la flexibilización regulatoria sobre los territorios y los recursos naturales.

La votación deja a Antofagasta con dos apoyos y un rechazo, mostrando una representación parlamentaria menos polarizada que otras regiones del norte.

Atacama: oposición cerrada frente a la reforma

En Atacama ocurrió exactamente lo contrario. Las senadoras Yasna Provoste (DC) y Daniela Cicardini (PS) votaron en contra de la iniciativa, consolidando una postura completamente opositora.

El resultado era previsible considerando que ambas parlamentarias habían manifestado reparos respecto de aspectos tributarios, ambientales y del fortalecimiento de las facultades estatales frente a proyectos de inversión.

Además, ambas representan una región donde las discusiones sobre minería, agua, protección ambiental y desarrollo territorial suelen generar mayor sensibilidad política, especialmente en un escenario donde diversos proyectos extractivos continúan siendo objeto de controversia.

Coquimbo: la reconstrucción inclinó la balanza

La Región de Coquimbo concentró probablemente la negociación política más intensa de toda la discusión.

Los senadores Sergio Gahona (UDI) y Matías Walker (Demócratas) respaldaron la reforma después de condicionar hasta último minuto sus votos a garantías concretas para la reconstrucción de la región tras los devastadores temporales que afectaron a la zona.

Más que una negociación ideológica, ambos instalaron una condición territorial: asegurar recursos extraordinarios para enfrentar la recuperación de infraestructura pública, viviendas y actividades productivas.

En la vereda contraria, Daniel Núñez (PC) rechazó el proyecto, argumentando que los beneficios económicos comprometidos por el Gobierno no compensaban los riesgos asociados a la reforma, especialmente en materias de regulación e intervención estatal.

Un mapa político más complejo que el eje Gobierno-oposición

La distribución de los votos demuestra que la discusión no respondió exclusivamente al tradicional eje oficialismo-oposición.

De hecho, el único voto favorable proveniente de la oposición fue Pedro Araya, mientras que sectores opositores como Yasna Provoste, Daniela Cicardini y Daniel Núñez mantuvieron un rechazo disciplinado.

Al mismo tiempo, el apoyo de Matías Walker respondió más a una negociación regional que a un alineamiento automático con el Ejecutivo, confirmando el rol que ha buscado construir Demócratas como partido bisagra en las grandes reformas nacionales.

Por su parte, Paulina Núñez consolidó su liderazgo institucional respaldando uno de los proyectos más relevantes impulsados por el Gobierno, mientras que Esteban Velásquez mantuvo una postura coherente con la identidad regionalista y ambientalista que ha caracterizado su trayectoria.

Una señal para el norte

El empate 4-4 deja una conclusión política relevante: las tres regiones de la macrozona norte cuprifera no habló con una sola voz.

Mientras Antofagasta mostró mayor disposición a respaldar una agenda proinversión, Atacama reafirmó un perfil más crítico frente a cambios estructurales y Coquimbo terminó transformando su voto en una herramienta de negociación para obtener recursos destinados a la reconstrucción.

Más que una simple votación legislativa, el resultado refleja que las prioridades territoriales están comenzando a influir con mayor fuerza en las decisiones parlamentarias.

Para una macrozona donde la minería, la infraestructura, la escasez hídrica y la reconstrucción post temporales concentran buena parte de las demandas ciudadanas, el comportamiento de sus senadores anticipa que las próximas grandes reformas volverán a discutirse no sólo desde las ideologías, sino también desde las urgencias de cada región. El capitalismo de la emergencia, como le llaman.

Qué es la megarreforma?

La denominada megarreforma económica, oficialmente llamada Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, es el principal proyecto económico del Gobierno del Presidente José Antonio Kast.

La iniciativa reúne más de 40 medidas orientadas a reactivar la economía mediante una rebaja gradual del impuesto a las empresas, incentivos a la inversión, agilización de permisos para proyectos productivos, beneficios tributarios para viviendas y adultos mayores, además de un régimen de invariabilidad tributaria para grandes inversiones.

Sus partidarios sostienen que permitirá recuperar el crecimiento y generar empleo, mientras que sus detractores advierten riesgos para la recaudación fiscal, la protección ambiental y la capacidad del Estado para modificar las reglas tributarias en el futuro. Parte de sus disposiciones aún enfrentan revisión en el Tribunal Constitucional y vetos anunciados por el Ejecutivo.