DGA acoge denuncia de la CASUB y comprueban traslados ilegales de derechos de aguas por parte de la Junta de Vigilancia del Río Copiapó

Organismo denunció irregularidades en los puntos de captación y distribución irregular de caudales. Practicas se realizaban hace más de una década.

Como un hecho histórico y sin precedentes lo calificó la Comunidad de Aguas Subterráneas de Copiapó  Piedra Colgada Desembocadura (CASUB), al lograr comprobar las irregularidades denunciadas a la Dirección General de Aguas (DGA), tras detectar puntos de captación de agua distintos a los autorizados y no informados, además de volúmenes de agua no respaldados por la Junta de Vigilancia del Río Copiapó y sus Afluentes (JVRC).

La resolución de la DGA estableció la existencia de faltas graves en la distribución de las aguas, por parte del directorio de la JVRC, ordenando que en un plazo perentorio las captaciones se realicen en conformidad a sus títulos y se ajusten a la ley.

De esta forma, más de la mitad de los caudales distribuidos históricamente por la JVRC, deberán ser entregados en bocatomas autorizadas legalmente o de lo contrario deberán ser liberados al cauce natural del río Copiapó, sin poder ser utilizados en actividades industriales.

el presidente de la Comunidad de Aguas Subterráneas, Germán Palavicino, comenta que:  “se ha escrito un precedente de que se tienen que hacer las cosas bien. Es una buena noticia para todos los que componemos la CASUB y para todos los que consumen esa agua: habitantes, flora y fauna. Era necesario hacer un ordenamiento completo y que de acá en adelante se hagan las cosas como corresponde”.

El administrador de la CASUB, Carlos Araya, aseguró que estarán atentos a que la JVRC cumpla con lo estipulado en la resolución, comenta que: “con el correr de los días, no se han visto indicios de que la organización quiera entregar la información solicitada, por lo que no descarta dar cuenta a la DGA para que tome las medidas correspondientes”.

Dentro de las medidas correctivas que también deberá cumplir la Junta de Vigilancia, en conformidad al artículo 290 del Código de Aguas, están el cese de la distribución de aguas a 107 de sus usuarios, en su mayoría grandes consumidores, que accedían a ella en puntos de captación autorizados ilegalmente por la JVRC.

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