La creación de una Ley Marco de Atención Temprana para el Desarrollo Integral de Niños y Niñas con Discapacidad, Rezago del Desarrollo o Factores de Riesgo Asociados marcará un nuevo intento por fortalecer la inclusión desde la primera infancia en Chile.

El proyecto, que será ingresado este lunes al Senado por la presidenta de la corporación, Paulina Núñez, tiene un fuerte sello nortino, ya que surge del trabajo desarrollado junto a la Fundación APA, encabezada por el dirigente antofagastino Juan Urrutia, quien durante años ha impulsado la necesidad de avanzar hacia una política pública integral para las familias de niños neurodivergentes.

La iniciativa busca coordinar la acción del Estado en salud, educación, protección social y apoyo familiar, con el objetivo de asegurar una atención oportuna desde los primeros años de vida para niños y niñas con discapacidad, rezago en el desarrollo, necesidades de apoyo o factores de riesgo asociados.

Un proyecto nacido desde la experiencia de las familias

El proyecto reconoce jurídicamente la atención temprana como un enfoque transversal, permitiendo articular programas y prestaciones que hoy funcionan de manera dispersa entre distintas instituciones públicas.

La senadora por Antofagasta por RN, Paulina Núñez, explicó que el objetivo es cambiar la forma en que el Estado enfrenta la neurodivergencia. “Queremos hablar de neurodivergencia porque la inclusión comienza por reconocer que existen distintas formas de aprender, comunicarse, sentir y relacionarse con el entorno y el deber de las instituciones es identificar las barreras, acompañar a las familias y actuar oportunamente”, señaló.

El trabajo desarrollado junto a la Fundación APA responde precisamente a una realidad que durante años han expuesto familias del norte del país: la demora en acceder a evaluaciones, la falta de coordinación entre servicios públicos y el largo recorrido que muchas veces deben realizar padres y cuidadores para obtener un diagnóstico y acceder a apoyos especializados.

La propuesta establece una ruta de acompañamiento desde la primera infancia hasta los 10 años, incorporando acciones de promoción, prevención, pesquisa, detección, evaluación, orientación, derivación, habilitación, rehabilitación, seguimiento y apoyo familiar.

Sin esperar un diagnóstico para comenzar los apoyos

Uno de los cambios más relevantes es que la detección de una señal de alerta o un factor de riesgo permitirá activar medidas de orientación, acompañamiento y derivación sin exigir previamente una certificación diagnóstica.

El proyecto aclara, sin embargo, que una señal de alerta no constituye un diagnóstico clínico y mantiene los requisitos legales para acceder a prestaciones específicas contempladas en la legislación vigente.

Además, reconoce a las familias y cuidadores como actores centrales del proceso de atención temprana y fortalece el derecho de niños y niñas a participar en las decisiones que les afectan, estableciendo que la ausencia de comunicación oral no puede interpretarse como falta de opinión o voluntad.

“La familias necesitan acompañamiento y una ruta más clara; no deberían peregrinar entre instituciones buscando una respuesta ni asumir solas responsabilidades que corresponden al Estado y a sus redes”, afirmó Paulina Núñez.

La presidenta del Senado agregó que una intervención temprana puede modificar significativamente el desarrollo de un niño. “Llegar a tiempo puede cambiar la trayectoria de vida de un niño o una niña y una señal de alerta debe permitir orientar, acompañar y derivar oportunamente, utilizando mejor las herramientas que Chile ya tiene”, sostuvo.

Con el ingreso formal de la iniciativa al Senado, comenzará su tramitación legislativa, en un debate que pone sobre la mesa una demanda creciente en regiones como Antofagasta, donde organizaciones de familias y especialistas han insistido durante años en la necesidad de contar con un sistema de atención temprana coordinado, inclusivo y con cobertura nacional.