El crimen organizado que opera en el norte de Chile ya no puede ser perseguido región por región. Esa es la tesis central planteada por el Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, durante la Jornada Macrozona Norte 2026 del Ministerio Público, realizada en La Serena, donde propuso modificar la escala territorial con que el Estado enfrenta a las organizaciones criminales.

En su exposición, denominada “La frontera que se desplaza”, Castro Bekios sostuvo que las organizaciones han desarrollado estructuras que atraviesan límites regionales, utilizando de manera articulada carreteras, pasos fronterizos, puertos, ciudades y circuitos financieros. Frente a ese escenario, planteó que las instituciones deben construir una capacidad de investigación equivalente: “La macrozona es un solo teatro del crimen organizado; debe ser también un solo teatro de la respuesta”.

La propuesta supone pasar de investigaciones fragmentadas territorialmente a una arquitectura macrorregional de persecución penal. Entre las herramientas planteadas aparecen una matriz común de riesgos, intercambio sistemático de información, mapeo conjunto de nodos criminales, equipos coordinados de investigación y una estrategia de persecución patrimonial destinada a identificar y afectar los recursos económicos de las organizaciones.

El diagnóstico tiene como uno de sus principales antecedentes la magnitud del tráfico de drogas. Según los datos expuestos por el fiscal, entre octubre de 2023 y septiembre de 2026 fueron incautadas 125,8 toneladas de sustancias ilícitas en la Región de Antofagasta, mientras que entre enero y julio de 2026 las seis regiones de la Macrozona Norte concentraron el 80,7% de toda la droga incautada en Chile.

Sin embargo, la estrategia presentada busca precisamente evitar que el diagnóstico quede reducido a las drogas. Castro Bekios advirtió que las economías criminales se han diversificado hacia el robo de vehículos, contrabando, robo de cobre y mecanismos de generación y lavado de activos. La tesis es que delitos aparentemente diferentes pueden formar parte de una misma estructura porque utilizan rutas, infraestructura logística y mecanismos financieros comunes.

De ahí surge un segundo vector de la propuesta: perseguir redes antes que delitos considerados aisladamente. Entre las medidas expuestas figuran protocolos para causas relacionadas con la Fiscalía Supraterritorial, registros estandarizados de información, equipos conjuntos con países vecinos y una red interregional de protección de testigos. También propuso crear un centro de perfilamiento portuario para el Norte Grande, destinado a fortalecer la capacidad de detección y análisis en puntos críticos de las cadenas logísticas.

El Corredor Bioceánico entra en el mapa de la seguridad

En esta mirada territorial adquiere especial importancia el futuro Corredor Bioceánico, que conectará los puertos del norte chileno con territorios de Argentina, Paraguay y Brasil. Castro Bekios advirtió que la nueva infraestructura puede multiplicar flujos comerciales, pero también fenómenos criminales preexistentes.

Su planteamiento es, por ello, “gobernar el corredor” desde el punto de vista de la seguridad antes de que alcance su plena operación, buscando anticiparse a la posibilidad de que las organizaciones criminales aprovechen las nuevas conexiones logísticas.

Puertos y cadenas logísticas bajo la lupa

Los puertos constituyen otro punto crítico. El fiscal alertó sobre el riesgo de que organizaciones criminales intenten aprovechar la inserción internacional y reputación de los terminales chilenos para introducir cargas ilícitas dentro de cadenas comerciales legales.

Por ello, el control portuario aparece en su estrategia no como un asunto exclusivamente policial o aduanero, sino como parte de una red de inteligencia que debe conectar fronteras, carreteras, minería, puertos y movimientos financieros.

El cambio de enfoque también alcanza los resultados con que se evalúa la persecución penal. La propuesta de Castro Bekios apunta a que incautar grandes cantidades de droga no sea el objetivo final, sino un instrumento para identificar estructuras, desarticular organizaciones, afectar su patrimonio y cerrar los espacios logísticos y financieros que permiten su funcionamiento.

En definitiva, la estrategia presentada redefine la propia noción de frontera. “La frontera ya no es sólo una línea, es una red logística, económica y cognitiva”, afirmó Castro Bekios.

Bajo ese diagnóstico, Antofagasta, Atacama y el resto del norte dejan de ser territorios independientes para efectos del análisis criminal: forman parte de un mismo sistema de rutas y economías ilícitas que, según el fiscal, exige una respuesta estatal igualmente integrada, basada en anticipación, inteligencia, coordinación y acción sostenida.