A una semana de la emergencia provocada por el histórico sistema frontal que azotó a la Región de Coquimbo, la localidad rural de Cruz de Caña se mantiene como el epicentro de la conmoción local. La combinación de lluvias extremas y la ocupación de terrenos en zonas vulnerables provocaron un escenario devastador marcado por cuantiosos daños materiales y lamentables víctimas fatales.

El sector, catalogado desde hace años como punto crítico dentro de los mapas de riesgo elaborados por la Municipalidad de Coquimbo y la Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED), reabrió con fuerza la discusión sobre el impacto social y humano de los denominados «loteos brujos».

Frente a la catástrofe, el alcalde de Coquimbo, Ali Manouchehri, fue enfático en señalar que el municipio venía desplegando acciones concretas desde hace años para advertir sobre los peligros del sector y perseguir penalmente a quienes comercializan suelo de forma ilegal.

Querellas, drones y simulacros: La cronología municipal

El jefe comunal detalló que la estrategia para contener la expansión irresponsable de asentamientos en quebradas y conos de deyección comenzó a articularse con fuerza al inicio de su gestión edilicia.

«Nosotros hemos perseguido mediante querellas criminales a algunos impulsores de estos loteos brujos en el sector rural y hemos obtenido como resultado la privación de libertad de algunos de ellos. Por eso también hicimos un llamado público en 2021 a no adquirir loteos brujos. En 2022 presentamos la querella criminal; en 2023 se ordenó la fiscalización por parte de la Dirección de Obras Municipales de todos estos loteos en Cruz de Caña y en otros sectores rurales, y en 2024 realizamos el simulacro junto a SENAPRED», repasó Manouchehri.

A su vez, la autoridad resaltó el incremento presupuestario destinado a la preparación preventiva de la comuna, indicando que el municipio pasó de destinar 76 millones de pesos a la gestión del riesgo de desastres en 2021 a ejecutar más de 1.400 millones de pesos en los últimos periodos. Esta inversión permitió la adquisición de flota 4×4, tecnología de drones para fiscalización remota y la contratación de profesionales especializados.

Críticas a los tiempos de la justicia

A pesar del despliegue preventivo y las acciones legales presentadas, Manouchehri cuestionó duramente la excesiva lentitud con la que avanzan los procesos penales contra las mafias inmobiliarias informales en los tribunales de justicia, lo que permite que la venta de lotes irregulares continúe mientras se tramitan las causas.

«Nosotros hemos seguido impulsando todas las acciones respecto de este territorio, pero, indudablemente, el proceso se ha demorado demasiado, incluso por parte de los tribunales, para determinar las sanciones a estas personas. Estamos hablando de querellas presentadas en 2022 cuyas sanciones terminan ejecutándose dos o tres años después, mientras los loteos se siguen desarrollando», recriminó el edil.

El jefe comunal recordó que la gravedad de este fenómeno llevó al propio Presidente de la República a instruir medidas de contención hacia organismos como el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y el Ministerio de Bienes Nacionales para frenar la regularización de terrenos sin factibilidad técnica ni urbanística.

Un problema de carácter nacional

Para el jefe comunal coquimbano, la tragedia en Cruz de Caña debe marcar un punto de inflexión respecto a cómo las instituciones abordan la toma ilegal y la venta fraudulenta de terrenos a lo largo de todo el territorio chileno.

«Ciertamente, este es un problema que se ha desarrollado a lo largo de la región y también el país. Hay un problema de Estado, como se lo planteamos al Presidente de la República. El Estado tiene que tener una visión clara de qué pretende hacer, cuáles son los mecanismos que va a implementar para impedir que esto siga ocurriendo y, por supuesto, lograr que las sanciones sean más rápidas y también más severas», enfatizó.

Finalmente, Manouchehri renovó el llamado directo a las familias a actuar con cautela y no arriesgar sus ahorros ni su integridad física al adquirir loteos irregulares.

«Lo primero que hay que controlar y sancionar con fuerza son a los loteadores. Y también hay que procurar que las personas estén lo más informadas posible antes de comprar o invertir en un territorio que, lamentablemente, puede encontrarse en una zona de emergencia o de riesgo», concluyó.