Condenan con presidio a autor de amenazas en contexto de violencia intrafamiliar

El ilícito ocurrió el 13 de septiembre del 2020 contra su ex conviviente.

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Calama condenó a Edwin Quispe Ancasia a la pena de 3 años y un día de presidio, por ser autor del  delito consumado de desacato, el cual fue perpetrado el 13 de septiembre de 2020 contra su ex conviviente.

Según los antecedentes, el día 13 de septiembre de 2020,  alrededor de las 15:00 horas, el imputado concurrió hasta el domicilio de su ex conviviente con quien mantiene dos hijos en común, ingresando hasta el interior de una pieza donde se encontraba  la víctima en compañía de otras personas, es ahí donde el sujeto la insulta y la amenaza, señalándole que si tenía otra pareja la iba a matar, a lo que la víctima el mismo día hace la denuncia ante carabineros.

En donde se indica que el imputado Edwin Quispe Ancasia, con fecha 06 de noviembre de 2019, fue condenado por el delito de desacato, además, fue condenado por sentencia de fecha 14 de enero de 2020 dictada por el Juzgado de Garantía de Calama, como autor de los delitos de desacato, daños simples y lesiones menos leves en VIF que se castigan como lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar respecto de la víctima, en ambas sentencias se impuso la medida de protección a favor de la víctima.

Es así, como el tribunal condenó al imputado a la pena de 61 días de presidio en calidad de autor del delito consumado de amenazas no condicionales en contexto de violencia intrafamiliar, y la pena accesoria de la prohibición de acercarse a la víctima, a su domicilio, a su lugar de trabajo o estudio, así como a cualquier otro lugar al que éste concurra o visite habitualmente, por el lapso de un año. Para efectos del cumplimiento de esta medida, deberá oficiarse, una vez ejecutoriado el fallo, a Carabineros de Chile y entregarse copia autorizada de la sentencia a la víctima.

Una vez que el fallo quede ejecutado, se dispuso que se proceda a la toma de muestra biológica del sentenciado para determinar su huella genética e incorporación al registro nacional de ADN de condenados, así como también se le aplicó al imputado la pena accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena.

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