Una contratación, una licitación o incluso una compra ágil podía comenzar como cualquier procedimiento realizado a través de Mercado Público.

Pero detrás de algunas de esas operaciones, según sostiene la investigación de la PDI y la Fiscalía de Atacama, habría existido una coordinación previa entre proveedores y funcionarios públicos para conseguir adjudicaciones de manera fraudulenta.

La investigación fue denominada Operación Vía Crucis.

Para reconstruir cómo habría funcionado el mecanismo, los detectives siguieron movimientos de dinero, revisaron documentación bancaria, recogieron declaraciones, realizaron peritajes y analizaron escuchas telefónicas.

Ese trabajo terminó esta semana con diez imputados sometidos a medidas cautelares.

Tres funcionarios públicos quedaron en prisión preventiva, mientras que para los otros siete imputados el tribunal decretó arresto domiciliario total y arraigo nacional.

Pero ¿cómo habría funcionado la operación que ahora deberá seguir investigándose durante los próximos cinco meses?

El punto de encuentro estaba en las compras del Estado

La investigación fue desarrollada por la Brigada Investigadora de Delitos Económicos, Bridec, y la Brigada Investigadora de Lavado de Activos, Brilac, de la PDI Copiapó, en conjunto con la Unidad Anticorrupción y Litigación Estratégica de la Fiscalía de Atacama.

Según explicó la jefa de la Bridec Copiapó, subprefecta Cecilia Diez, la indagatoria apunta a una presunta coordinación entre empresas proveedoras del Estado y funcionarios pertenecientes a distintas instituciones públicas.

El mecanismo habría utilizado procedimientos disponibles a través de la plataforma Mercado Público.

“El modus operandi consistía en una colusión de empresas proveedoras del Estado junto a funcionarios públicos de distintas instituciones, quienes a través de la plataforma Mercado Público podían acceder a contrataciones, licitaciones o compras ágiles de esta empresa, según los requerimientos de las instituciones públicas involucradas, las que eran adjudicadas de manera fraudulenta por ciertas cifras dinero que llegaban a sus cuentas”, señaló Diez.

De acuerdo con la versión policial, por lo tanto, la investigación no se concentró solamente en quién obtenía una determinada contratación, sino también en seguir el dinero asociado a esas operaciones.

La ruta del dinero, los teléfonos y los testimonios

Para establecer las presuntas conexiones entre los involucrados, los investigadores recurrieron a distintas fuentes de evidencia.

La PDI informó que la causa se sustenta en documentación bancaria, múltiples declaraciones de testigos, peritajes y escuchas telefónicas.

Ese conjunto de antecedentes habría permitido reconstruir la relación entre las empresas investigadas y los funcionarios públicos.

“Se hizo la trazabilidad de la información, logrando así percibir el modus operandi entre las empresas y los funcionarios públicos”, indicó la subprefecta Cecilia Diez.

Precisamente la trazabilidad aparece como uno de los elementos centrales del proceso investigativo: establecer las operaciones realizadas, identificar a quienes participaron y determinar el recorrido de los recursos.

La PDI calificó los hechos investigados como la actuación de “una organización criminal de particulares y funcionarios públicos coludidos para defraudar al Estado”, afirmación que forma parte de la tesis investigativa que deberá continuar siendo acreditada durante el desarrollo de la causa.

Tres funcionarios públicos quedaron en prisión preventiva

Luego de la formalización, y a solicitud de la Fiscalía de Atacama, el tribunal decretó la medida cautelar de prisión preventiva para tres funcionarios públicos.

Según los antecedentes informados por la PDI, estos fueron imputados por delitos de cohecho reiterado y asociación criminal.

En el caso de una funcionaria de Gendarmería, además, se incorporó la imputación por el delito de lavado de activos.

Respecto de los otros siete imputados, se decretó arresto domiciliario total y arraigo nacional.

La investigación, sin embargo, todavía no termina.

El tribunal estableció un plazo de cinco meses para continuar las diligencias, período en el que la Fiscalía y la PDI podrán seguir profundizando los antecedentes reunidos en la causa.

Así, lo que comenzó siguiendo procedimientos de contratación y movimientos de dinero terminó abriendo una investigación más amplia sobre la relación entre empresas proveedoras y funcionarios públicos.

Ahora, con diez personas sujetas a medidas cautelares, el trabajo investigativo continuará buscando determinar el alcance de una trama que, según la tesis presentada por los persecutores, habría utilizado compras y contrataciones del Estado como parte de su mecanismo de operación.