La corrupción y sus consecuencias para la seguridad, la confianza ciudadana y las finanzas públicas fueron el centro del análisis de Jaime Ansieta en Radio Madero. Durante la conversación, sostuvo que la participación de funcionarios en actividades delictivas debilita la capacidad del Estado para enfrentar a las organizaciones criminales.

“Es difícil pensar que vamos a combatir el crimen si las mismas entidades, los mismos agentes del Estado, de una u otra manera se ha ido demostrando que son partícipes de los mismos delitos”, expresó. Su reflexión abordó investigaciones que afectan a instituciones públicas, entre ellas Gendarmería, y la necesidad de revisar los mecanismos de control.

El valor de la denuncia y el entorno institucional

Para Ansieta, las irregularidades no deben analizarse únicamente desde la responsabilidad de quienes las ejecutan. También planteó la importancia de observar cómo funcionan los entornos institucionales y qué ocurre cuando otras personas advierten situaciones sospechosas, pero no las reportan.

“Necesitamos más gente que denuncie”, afirmó. A su juicio, el silencio permite que las malas prácticas se prolonguen y dificulta su detección. En ese contexto, cuestionó que quienes alertan sobre irregularidades sean descalificados dentro de sus propios espacios de trabajo.

El comentarista también advirtió sobre el efecto que tiene la corrupción en la percepción del esfuerzo y la honestidad. Según su análisis, cuando la ciudadanía observa que las conductas indebidas parecen ofrecer ventajas, se debilita la confianza en las reglas y en las posibilidades de progresar mediante un trabajo legítimo.

Su llamado fue a mantener un criterio consistente frente a estos hechos, independientemente de la cercanía política con las personas involucradas. “Tenemos que ser simplemente consecuentes, sin importar de qué lado de la vereda estoy parado: un hecho es un hecho”, sostuvo.

Mecanismos de control y gestión de recursos públicos

Como parte de sus propuestas, reiteró su idea de incorporar evaluaciones periódicas mediante polígrafo para funcionarios y autoridades. La planteó como un mecanismo de control y selección; durante la conversación no se presentaron antecedentes que permitan establecer su eficacia para detectar corrupción.

El análisis se extendió al uso de los recursos públicos. Ansieta señaló que las necesidades sociales obligan a discutir prioridades y responsabilidades, considerando que el Estado debe responder a múltiples demandas con un presupuesto limitado. Desde esa perspectiva, vinculó la probidad con la capacidad de financiar servicios y políticas públicas.

También cuestionó que algunas instituciones de educación superior traten a los estudiantes principalmente como clientes. A su juicio, la formación debe entregar herramientas para desempeñarse en el mundo laboral y responder a las necesidades del territorio.

En el caso de la Región de Coquimbo, planteó que las universidades regionales deberían considerar las demandas profesionales de las empresas y actividades de la zona. Ajustar la oferta académica a las capacidades y requerimientos del entorno regional resulta estratégico para fomentar el empleo joven y potenciar el desarrollo socioeconómico de la provincia y de toda la Región de Coquimbo.

Cultura del trabajo y exigencia de coherencia

Finalmente, llamó a valorar el trabajo cotidiano y a superar una cultura centrada en las apariencias o los títulos. Su reflexión apuntó a que la recuperación de la confianza requiere controles institucionales, responsabilidad de las autoridades y una ciudadanía dispuesta a exigir coherencia frente a las irregularidades.