La polémica sentencia contempla una incorrecta percepción del consenso por parte de los acusados, quienes “no se dieron cuenta” de la negativa de la víctima para mantener relaciones sexuales con ellos.
La Sociedad Interamericana de Prensa condenó las amenazas contra periodistas y medios de comunicación en Bolivia y Uruguay por la cobertura del caso del narcotraficante Sebastian Marset.
