El debate sobre seguridad urbana y recuperación de espacios públicos volvió a instalarse con fuerza en el Congreso Nacional. Diversos proyectos ingresados recientemente a la Cámara de Diputadas y Diputados buscan endurecer las sanciones contra cuidadores ilegales de vehículos y limpiaparabrisas, actividades que en distintas comunas del país han sido vinculadas a episodios de violencia, amenazas y cobros irregulares.

En ese marco es que el diputado republicano Cristian Araya presentó un proyecto de ley que buscan sancionar con cárcel y multas a cuidadores ilegales de autos y limpiaparabrisas, ante el aumento de denuncias por violencia e inseguridad en espacios públicos.

Proyecto propone incorporar nuevo delito al Código Penal

La iniciativa legislativa plantea agregar un nuevo artículo 268 octies al Código Penal para establecer penas de reclusión menor en su grado mínimo o multas de entre 10 y 50 UTM para quienes cobren ilegalmente por vigilar vehículos o asistir maniobras de estacionamiento.

El proyecto busca transformar estas conductas en delitos penales y no solo en faltas municipales. Según los fundamentos del proyecto, las actuales sanciones contenidas en ordenanzas municipales han demostrado ser insuficientes para controlar el fenómeno.

El documento señala que algunas personas acumulan cientos de infracciones sin consecuencias efectivas, debido a limitaciones legales para ejecutar sanciones. La moción advierte sobre grupos que controlarían sectores mediante amenazas y amedrentamiento.

Reincidencia y expulsión de extranjeros

Uno de los puntos más debatidos de la propuesta es el aumento de sanciones en casos de reincidencia. El proyecto establece que quienes reincidan podrían enfrentar penas de reclusión menor en su grado medio.

La reincidencia podría derivar en penas de cárcel más altas y multas económicas mayores.

Además, la iniciativa contempla que extranjeros reincidentes puedan enfrentar causales de expulsión conforme a la Ley N.º 21.325 sobre Migración y Extranjería.

Limpiaparabrisas también quedarían regulados

Paralelamente, otro proyecto —Boletín N.º 17.405-07— impulsado por el ex-diputado José Miguel Castro propone prohibir el trabajo informal de cuidadores de autos y limpiaparabrisas en espacios públicos sin autorización municipal.

La propuesta exige permisos municipales obligatorios para trabajar como cuidador de autos o limpiaparabrisas.

La iniciativa reconoce que algunas personas realizan estas labores de manera pacífica, pero advierte que también se han registrado numerosos casos de amenazas, daños a vehículos y agresiones.

En el caso de los limpiaparabrisas, el proyecto menciona situaciones donde los servicios son realizados sin consentimiento y luego acompañados de cobros intimidatorios.

Municipios tendrían mayores atribuciones

Ambos proyectos coinciden en fortalecer las facultades de fiscalización de las municipalidades. Las iniciativas permitirían que cada municipio determine zonas autorizadas, horarios y requisitos para desarrollar estas actividades.

Los municipios podrían definir sectores habilitados y condiciones para regular estas actividades.

La discusión surge además tras reiteradas solicitudes de alcaldes que han pedido mayores herramientas legales para enfrentar hechos de inseguridad asociados a estas prácticas.

Alcaldes y autoridades locales han solicitado mayores facultades para fiscalizar y controlar estas situaciones.

Seguridad urbana y uso del espacio público

El debate se desarrolla en un contexto donde la seguridad urbana se ha transformado en una de las principales preocupaciones ciudadanas.

El estudio “Radiografía de la Seguridad Ciudadana” de Fundación Paz Ciudadana (2024) advirtió que la percepción de inseguridad ha aumentado sostenidamente en distintas ciudades del país.

Especialistas sostienen que fenómenos de informalidad urbana pueden afectar directamente la convivencia y sensación de seguridad en barrios comerciales.

Debate político y social

Las iniciativas ya comenzaron a generar diversas reacciones tanto en el ámbito político como social.

Mientras algunos sectores respaldan endurecer sanciones, otros plantean preocupación por el impacto que podrían tener sobre personas en situación de vulnerabilidad económica.

El debate enfrenta visiones sobre seguridad pública, informalidad laboral y vulnerabilidad social. Sin embargo, los impulsores de los proyectos sostienen que la regulación es necesaria frente al aumento de episodios violentos y denuncias ciudadanas.

Los parlamentarios sostienen que la regulación es necesaria para enfrentar hechos de violencia e intimidación.

Lo que viene en el Congreso

Ambos proyectos deberán continuar ahora su tramitación en las respectivas comisiones de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Durante las próximas etapas podrían incorporarse modificaciones relacionadas con sanciones, fiscalización y facultades municipales. Las propuestas legislativas continuarán su discusión en comisiones antes de avanzar en el Congreso.