“Durante demasiado tiempo hemos estado en un intercambio de oficios, dictámenes y resoluciones de cada uno de los actores por separado, pero no hemos podido avanzar en términos de soluciones”.

Con esa frase, el alcalde de Antofagasta, Sacha Razmilic, resumió el problema que por años ha rodeado la mantención de piscinas aluvionales y quebradas de la ciudad: distintas instituciones involucradas, pronunciamientos administrativos y discusiones sobre competencias, pero sin conseguir establecer una fórmula permanente que garantice que estas zonas permanezcan libres de basura y escombros.

El diagnóstico fue planteado durante la primera reunión de coordinación entre la Municipalidad de Antofagasta, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la Delegación Presidencial Regional (DPR), convocada precisamente para intentar destrabar una problemática que se arrastra desde hace años.

La discusión no es menor. En estos sectores se acumulan basura, residuos de construcción y objetos voluminosos que deben ser retirados para mantener las condiciones necesarias para el funcionamiento de infraestructura destinada a proteger sectores de Antofagasta frente a eventuales eventos aluvionales.

De los dictámenes a una solución concreta

Razmilic sostuvo que el nuevo trabajo conjunto pretende cambiar la manera en que las instituciones han enfrentado hasta ahora el problema.

“Esta es una primera reunión de este equipo de trabajo que estamos formando dentro de las misiones de coordinación que nos encomienda la Contraloría, para buscar soluciones alternativas, sostenibles en el tiempo y eficaces para mantener las piscinas aluvionales y todo su entorno libres de basura, residuos de la construcción o residuos voluminosos”, explicó.

La declaración del alcalde instala el foco precisamente en uno de los principales obstáculos: no basta con determinar administrativamente qué organismo tiene atribuciones sobre determinados espacios si aquello no se traduce en una capacidad efectiva y permanente para limpiarlos.

A esto se suma el costo de las faenas necesarias para retirar los residuos, especialmente cuando se trata de escombros y elementos de gran volumen.

“Estamos buscando alternativas que efectivamente lleguen a puerto, que sean sustentables en el tiempo y que nos permitan sacar planes de trabajo concretos”, enfatizó el jefe comunal.

La mesa deberá, por tanto, avanzar desde la discusión institucional hacia un esquema operativo que permita definir cómo se realizarán las labores, con qué recursos y bajo qué coordinación.

MOP: las obras deben estar en condiciones de operar

El seremi de Obras Públicas, José Fuentes, coincidió en la necesidad de avanzar hacia una respuesta conjunta, especialmente por la función de seguridad que cumplen estas instalaciones.

“Esta primera reunión fue muy constructiva y existe un tremendo apoyo para poder sacar adelante las condiciones correctas en que debe operar una obra aluvional, pensando en la afectación que puede tener aguas abajo y en todos los habitantes que puedan estar cerca de estas obras”, señaló.

Fuentes agregó que la solución institucional también requiere evitar que las quebradas y sectores próximos a las piscinas sigan siendo utilizados para abandonar desperdicios.

“Debemos mantener las condiciones idóneas de limpieza del sector, pero para ello necesitamos también la ayuda de los habitantes, evitando ingresar basura, escombros u otros elementos que finalmente terminan afectando a la propia comunidad”, sostuvo.

Una visita a terreno será el siguiente paso

La primera reunión no dejó todavía definido un modelo definitivo de mantención, pero sí estableció los siguientes pasos para intentar terminar con el prolongado intercambio administrativo cuestionado por el alcalde.

Municipio, MOP y Delegación Presidencial acordaron efectuar una visita conjunta a terreno para revisar las condiciones de piscinas aluvionales y quebradas. Además, la mesa será ampliada con representantes de la Seremi de Vivienda y Urbanismo, el Gobierno Regional y otros organismos relacionados con la materia.

El desafío será que esta coordinación consiga resolver aquello que, según reconoció Razmilic, los años de oficios, dictámenes y resoluciones no han logrado: establecer un plan concreto y sostenible que permita mantener despejada una infraestructura crítica para la seguridad de Antofagasta.

10 vías aluvionales desde 2004

Antofagasta cuenta con una red de obras de control aluvional levantada principalmente después de la tragedia de 1991.

Según antecedentes del MOP, desde 2004 se han terminado sistemas en 10 quebradas: Salar del Carmen, La Cadena, El Ancla, Baquedano, Farellones, Uribe, Riquelme, Jardines del Sur, El Toro y El Huáscar, con una inversión acumulada cercana a $44 mil millones y una capacidad instalada para retener aproximadamente 705 mil metros cúbicos de material.

El sistema incluye 148 barreras y pozas retenedoras, 382 muros estabilizadores de pendiente y 937 metros de canales de hormigón, infraestructura destinada a disminuir la velocidad y contener sedimentos antes de que alcancen las zonas pobladas.

La red continúa ampliándose. En Quebrada Bonilla, en el sector norte, las obras beneficiarán a cerca de 13 mil habitantes y el proyecto completo considera una inversión superior a $14 mil millones; mientras que en Quebrada Caliche se ejecuta una inversión superior a $10.620 millones, también para proteger a alrededor de 12.800 personas.

Como referencia del alcance territorial, las obras de Farellones, ubicadas sobre el sector de población Pedro Aguirre Cerda, fueron diseñadas para proteger a más de 25 mil habitantes, mientras que los proyectos de Uribe, Riquelme, El Toro y Jardines del Sur involucraron más de $11.300 millones para reducir el riesgo de más de 40 mil personas de sectores centro-alto y sur de Antofagasta.

Estas cifras dimensionan por qué la acumulación de basura y escombros en las obras no es solo un problema de aseo: compromete infraestructura pública en la que se han invertido decenas de miles de millones de pesos para proteger áreas urbanas expuestas al riesgo aluvional.