La ofensiva parlamentaria se originó por las rebajas de condena otorgadas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores y por crímenes de lesa humanidad. El documento también cuestiona la información entregada por el ministro al Congreso durante las sesiones de fiscalización. La oposición sostiene que existieron infracciones legales y constitucionales, mientras el oficialismo argumenta que los antecedentes no justifican una destitución.
Es necesario distinguir dos actuaciones parlamentarias: la resolución aprobada el 28 de octubre, que solicitó al Presidente la renuncia de Rabat, y la acusación constitucional presentada el 12 de noviembre, que todavía no ha sido votada. Por lo tanto, los apoyos y rechazos conocidos hasta ahora no equivalen a una votación definitiva sobre la destitución del ministro.
Antofagasta: cuatro diputados pidieron la salida de Rabat y un republicano votó en contra
En la Región de Antofagasta, Jaime Araya (independiente-PPD) es uno de los diez firmantes de la acusación constitucional. El parlamentario ha cuestionado las facultades utilizadas por el ministro para conceder las rebajas y las demoras en entregar antecedentes al Congreso. Su participación lo sitúa entre los principales impulsores de la ofensiva opositora.
La diputada Marcela Hernando (Partido Radical) también manifestó su respaldo a la acusación, mientras Sebastián Videla (Independiente pro Partido Liberal) planteó que, de existir fundamentos jurídicos suficientes, corresponde avanzar con la herramienta fiscalizadora. Fabián Ossandón, del Partido de la Gente, no descartó apoyar el procedimiento, aunque su posición definitiva frente al texto ingresado todavía no está confirmada.
Los cuatro parlamentarios respaldaron previamente la resolución que solicitó la renuncia de Rabat y sus subsecretarios. En contraste, el diputado republicano Carlo Arqueros votó en contra de esa solicitud, convirtiéndose en una de las voces regionales que se opusieron a exigir la salida del secretario de Estado.
Atacama: firma, responsabilidades y fundamentos
En Atacama, el diputado socialista Juan Santana figura entre los firmantes del libelo y ha sostenido que la responsabilidad por las rebajas de condena no puede limitarse a los subsecretarios. Tras la presentación del documento, fue categórico: «El ministro Rabat no puede continuar en el cargo».
La senadora socialista Daniella Cicardini también exigió al Presidente Kast remover al ministro, cuestionando que el subsecretario Luis Silva dejara su cargo mientras Rabat continuaba en funciones.
Una posición distinta ha mantenido Jaime Mulet (FRVS), quien, pese a cuestionar la permanencia del ministro, ha condicionado su respaldo a la existencia de fundamentos constitucionales concretos. «Hay que ver esa acusación constitucional para ver la infracción de ley», sostuvo, diferenciando la responsabilidad política de una eventual infracción jurídica.
Coquimbo: Manouchehri y Salinas respaldan la salida del ministro
En la Región de Coquimbo, los diputados Daniel Manouchehri (PS) y Bernardo Salinas (Partido Comunista) han manifestado públicamente su respaldo a la salida de Fernando Rabat.
Manouchehri ha planteado que, si el Presidente no remueve al secretario de Estado, corresponde al Congreso examinar su responsabilidad constitucional. Salinas, en tanto, ha responsabilizado al Ejecutivo por mantener al ministro en funciones.
«Si no fue el Presidente quien lo sacó de su cargo, será esta acusación constitucional quien lo haga», afirmó Salinas, anticipando su respaldo político a la ofensiva opositora.
Quiénes apoyaron, quiénes se opusieron y quiénes todavía no definen su voto
La siguiente tabla resume las posiciones individuales que fue posible documentar según el líbelo y declaraciones a los medios de comunicación.
| Región | Parlamentario | Posición documentada |
|---|---|---|
| Antofagasta | Jaime Araya | Firmante de la acusación |
| Antofagasta | Marcela Hernando | Respalda la acusación |
| Antofagasta | Sebastián Videla | Apoyo condicionado a fundamentos |
| Antofagasta | Fabián Ossandón | No descarta apoyarla |
| Antofagasta | Carlo Arqueros | Votó contra pedir la renuncia |
| Atacama | Juan Santana | Firmante de la acusación |
| Atacama | Daniella Cicardini | Exige la salida de Rabat |
| Atacama | Jaime Mulet | Solicita revisar fundamentos |
| Coquimbo | Daniel Manouchehri | Respalda la ofensiva |
| Coquimbo | Bernardo Salinas | Respalda la acusación |
Fuentes: antecedentes publicados por Madero, BioBioChile y El Mostrador entre el 6 y el 13 de noviembre. La posición de Carlo Arqueros corresponde a la resolución del 28 de octubre, no a la acusación constitucional.
El PDG y los votos oficialistas serán determinantes
El escenario parlamentario sigue abierto. La oposición necesita mayoría de los diputados presentes para que la acusación avance al Senado. Con los 155 integrantes de la Cámara presentes, se requieren al menos 78 votos favorables.
En este contexto, el Partido de la Gente y eventuales diferencias dentro de las bancadas oficialistas pueden resultar decisivos. Desde la UDI, su presidente Guillermo Ramírez anticipó que la acusación será rechazada, asegurando que el Gobierno tuvo tiempo para ordenar sus apoyos.
La tramitación comenzará formalmente el lunes 16 de noviembre, cuando se dará cuenta de la presentación y se sorteará la comisión revisora. Solo después de ese proceso se conocerá cómo votará cada parlamentario de Antofagasta, Atacama y Coquimbo.
La controversia deja una interrogante política para la macrozona norte: si los diputados mantendrán sus posiciones iniciales cuando deban votar una acusación que podría terminar con la salida del ministro o si prevalecerán las negociaciones y alineamientos partidarios. La respuesta permitirá establecer quiénes respaldaron efectivamente la destitución, quiénes defendieron su permanencia y quiénes optaron por abstenerse.
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