La Corporación para el Desarrollo de la Región de Atacama (CORPROA) expresó preocupación por la suspensión temporal del proyecto de prospección minera El Alto, de Barrick, y advirtió que la judicialización de iniciativas con aprobación ambiental podría afectar la inversión, el empleo y a los proveedores regionales.

En una declaración pública titulada “La certeza jurídica en vilo: el costo de la re-judicialización”, la entidad sostuvo que el caso excede la situación de una compañía y refleja, a su juicio, un problema institucional. CORPROA afirmó que la incertidumbre puede perjudicar el encadenamiento productivo y las oportunidades de desarrollo de las comunidades de Atacama y otras regiones mineras.

El pronunciamiento se conoció luego de que el Segundo Tribunal Ambiental decretara la suspensión provisional, por 30 días y con posibilidad de prórroga, de los efectos de la aprobación ambiental de El Alto. La medida cautelar fue solicitada en procedimientos presentados por comunidades y organizaciones; el tribunal precisó que se trata de una decisión temporal, mientras se tramitan las causas.

CORPROA planteó que la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), pese a ser resultado de un proceso técnico y normado, ya no entrega certeza suficiente para iniciar un proyecto si luego enfrenta nuevas acciones judiciales. “Cada sondaje detenido, cada RCA aprobada e impugnada, significa menos contratos para las pymes, menos empleos para la región y una Provincia de Huasco golpeada por la cesantía”, señaló.

La corporación también sostuvo que la protección ambiental debe resguardarse, pero pidió al Estado garantizar un “arbitraje oportuno” y dar valor a las decisiones de los órganos técnicos. En su declaración, advirtió que, sin reglas claras, “el futuro de Atacama y de otras regiones quedará congelado en tribunales”.

El caso mantiene posiciones contrapuestas: CORPROA enfatiza los efectos que la suspensión puede tener sobre la inversión y la economía local, mientras las organizaciones que recurrieron a la justicia cuestionan aspectos de la evaluación ambiental y sus posibles impactos. El tribunal aún debe resolver las controversias de fondo; la medida cautelar no equivale a una sentencia definitiva sobre la validez de la RCA.