Profesor de Estado, Empresario y Comunicador

En toda inversión pública o privada hablamos de progreso: carreteras, viviendas, calles, colectores, iluminación y acceso al agua. Pero el desarrollo es algo más profundo: se mide por lo que cambia en la vida de las personas que habitan un territorio. Esa diferencia debe estar en el centro del debate sobre Bahía Inglesa y Caldera.

El Gobierno presentó un plan maestro para 420,39 hectáreas fiscales, dividido en tres etapas. La primera, de 79,31 hectáreas, es la que se proyecta licitar. Para dimensionar su escala, los antecedentes publicados estiman allí un potencial edificable de casi 1,29 millones de metros cuadrados. No estamos ante un cambio menor para Caldera y Atacama.

La inversión podría ampliar la oferta turística, generar empleos y dinamizar los servicios. Pero la pregunta no es solo qué se puede construir, sino quiénes se beneficiarán, qué infraestructura se necesitará y cómo se protegerá el acceso público al borde costero. Construir más no garantiza, por sí solo, que la vida de la comunidad mejore.

Hay otra pregunta que debe responderse antes de adjudicar: ¿qué permite exactamente el Plan Regulador Comunal en esos terrenos? La normativa de Caldera establece zonas con condiciones distintas. Por eso, no basta con afirmar que en el sector se permiten edificios de cierta altura ni extrapolar un límite general de cuatro pisos: hay que superponer el polígono preciso de la licitación con la zonificación vigente y publicar qué usos y alturas corresponden a cada paño.

El propio Ministerio señala que el proyecto considera una primera etapa de 79,31 hectáreas y que la licitación evaluaría tanto la oferta económica como la calidad de las propuestas y su integración con el entorno. Sin embargo, para que ese proceso sea verdaderamente transparente, la comunidad necesita conocer los planos, los paños que se ofrecerán y las reglas urbanísticas aplicables antes de que se presenten los proyectos.

Los atacameños merecemos que las bases exijan compromisos verificables: empleos y capacitación para habitantes de la zona, soluciones de agua, saneamiento y conectividad financiadas junto con los proyectos, acceso público efectivo a la costa y resguardo ambiental. También debe haber participación de Caldera y seguimiento ciudadano durante la ejecución.

Atacama necesita inversión, pero también necesita que el patrimonio fiscal se gestione con una mirada de largo plazo. Si un proyecto resulta compatible con la normativa y aporta a la comunidad, debe poder avanzar; si requiere cambios, estos deben explicarse, debatirse y evaluarse públicamente.

Bahía Inglesa puede progresar sin que su desarrollo se mida solo en edificios, caminos o metros cuadrados. La decisión correcta será la que mejore la vida de quienes habitan Caldera y cuide el territorio que atrae a sus visitantes. Ese es el estándar que debemos exigir antes de que comience la licitación.